"Por la paz social de la República, tenemos que dar la aprobación de este bendito presupuesto”, expresó el dirigente social Blas Vera, uno de los voceros de los manifestantes que se encuentran frente al Congreso Nacional para seguir la sesión de la Cámara de Senadores. Se trata de los US$ 47 millones para la construcción de viviendas sociales mediante el Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley N° 3637, como parte del plan de reactivación económica.

Centenares de personas de organizaciones sociales, asentamientos y otros, con carteles en mano de apoyo al programa y pidiendo los recursos para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), se colocaron al Congreso, entre organizaciones sociales de asentamientos. Se trata de la segunda manifestación como pedido de los recursos y de apoyo al titular de la cartera estatal, Dany Durand.

El programa a aplicarse es cuestionado debido a que la normativa permite designaciones directas de organizaciones denominadas “Servicios de Asistencia Técnica (SAT)”, los cuales tienen la potestad de elegir a la constructora que levantarán las casas, sin que existe una competencia entre empresas, concurso ni control ciudadano en el proceso.

La falta de transparencia mediante las transferencias directas da lugar a sospechas que no se cumplen los criterios técnicos contratados por el Estado. De hecho, un reciente informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) en una visita in situ del Asentamiento Carmen Soler y tras verificar una veintena de casas, confirmó que no se cumplieron especificaciones técnicas acordadas y así, el Estado pagó de más G. 127 millones.

Los auditores detectaron indicios que dan lugar a un aparente daño patrimonial. Luego de las publicaciones periodísticas –basadas en el informe oficial- y divulgarse que se solicitaría la intervención del Ministerio Público, el ministro Durand acercó más documentos a la Contraloría.

Por otra parte, La Cámara Paraguaya de Construcción (Capaco) y otros gremios del sector cuestionaron que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, planifique superar la crisis aplicando el programa que no permite la libre participación.

Fortuna para 62 firmas

El ministro de Urbanismo, Dany Durand, había facilitado un esquema de la distribución de los recursos de aprobarse el crédito para la construcción de viviendas, que está hoy en el punto 6 del Orden del Día del Senado. Tras un análisis de ese documento, se constató que ya está distribuir los US$ 47 millones en 62 SAT, las cuales elegirán quienes construirán las viviendas. ABC constató que los gestores de casa propia para la gente de escasos recursos seleccionan de forma sistemática a las mismas constructoras e incluso, saltaron indicios de que las firmas están vinculadas entre sí.

Entre los casos divulgados están que un SAT y la constructora que la subcontrata sistemáticamente llegaron a reportar la misma dirección alternativa en registros oficiales, a lo cual desde el MUVH indicaron que esta situación no está prohibida y que, es normal “incluso ABC lo hace al diversificar sus plataformas”.

Además, el ministro Durand llegó a reconocer su injerencia en la aprobación de proyectos de SAT cuando fue consultado sobre la adjudicación directa a su amigo y exdiputado Enrique Pereira Thalmann. Sin embargo, luego de divulgarse las irregularidades, el Secretario de Estado reconoció las falencias y se comprometió a realizar una reforma.