José Luis Heisecke, titular del gremio, señaló que junto con los integrantes de la comisión de viviendas del gremio aguardan la confirmación del inicio de encuentros en la mesa de trabajo instalado con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para la reforma del programa cuestionado por realizar designaciones directas para la construcción de viviendas sociales, sin concurso ni control ciudadano. El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez planifica utilizarlo como uno de los pilares de la reactivación económica. La aprobación del crédito de US$ 47 millones para estas obras sigue pendiente de aprobación en el Congreso.

Luego de una serie de publicaciones de ABC, el ministro de Urbanismo, Dany Durand, reconoció que la ley N° 3637 del Fonavis tiene falencias y se comprometió a desarrollar una reforma, teniendo en cuenta las observaciones hechas.

La normativa de dicho programa permite que las prestadoras del “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” reciban transferencias directas, vía rubro 800, sin concurso, competencia ni control ciudadano, y estos a su vez, eligen a las constructoras que se encargan de las obras, tampoco sin ningún mecanismo que permita la libre participación. Esta situación es cuestionada por representantes de gremios de la construcción, puesto que el plan del Gobierno es aplicarlo para la recuperación económica, y conforme a informes oficiales, ya está todo digitado para que los proyectos de construcción de viviendas se encarguen 62 firmas.

ABC constató la injerencia del ministro Durand con la designación directa de la constructora de su amigo y exdiputado Enrique Pereira Thalman, que él mismo lo reconoció al afirmar “¿O quiere que contrate a un extraño?” cuando fue consultado al respecto. También se detectaron vinculaciones entre los SAT y las constructoras que son subcontratadas, lo cual serían evidencias de que se trata de un mismo grupo de personas que son las beneficiadas con recursos del Estado.

En cuanto a las ejecuciones, una verificación in situ de una veintena de viviendas del Asentamiento Carmen Soler, ubicado en la ciudad de Limpio, permitió a la Contraloría General de la República (CGR) constatar que el Estado pagó G. 127 millones más del valor real de las casas. Este informe confirma que las sospechas de que la falta de transparencia sería ante los indicios de que las viviendas sociales son más caras de lo que realmente valen.

La institución también constató indicios de que no se realizaron acciones para el recupero de recursos pagados por obras paralizadas, entre otras irregularidades que fueron notificadas al Ministerio Público. Al respecto, el ministro Durand señaló que tiene 30 días para responder las observaciones del informe.