El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) facilitó un reporte al Congreso en el cual se puede apreciar el plan de construcción de viviendas, en todo el país, conforme al déficit habitacional, según explicó el titular de la cartera, Dany Durand, e conversación con ABC. Dijo que está listo para una aplicación inmediata y según él, el programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) es el ideal ya que sus plazos son más abreviados para las contrataciones.
Se trata de 62 organizaciones que prestan el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” al MUVH (ver cuadro), las cuales reciben los recursos públicos sin concurso ni control ciudadano, tal como sí se da con la ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. Estas firmas tiene la potestad de elegir las constructoras que realizarán las edificaciones, de una lista aprobada por la institución. Sin embargo, se constató que no existe una libre competencia y sistemáticamente son beneficiadas las mismas empresas, en muchos casos, firmas vinculadas entre sí.
A modo de ejemplo, está el SAT Consultora Tajy, donde figura Verónica Rocío Pereira (28), cuyo padre es el exdiputado Enrique Pereira Thalmann, propietario de la empresa constructora Pereira Thalmann SRL. Se constató que en la actual administración, dicha constructora fue contratada para levantar viviendas. Al respecto, el ministro Durand reconoció que se trata de su amigo, pero alegó que las obras fueron ejecutadas.
También figura entre los que manejarían los fondos el SAT Verónica Ojeda, que llevó a cabo el proyecto habitacional auditado por la Contraloría y donde el ente detectó una serie de deficiencias y estimó que en total, el Estado pagó G. 127 millones más del valor real de las obras.
También figura Cesarina Barreta, quien en reiteradas ocasiones fue acusada por beneficiarios de demorar en las obras.
No cierran los números
Durand promete 7.300 viviendas sociales con los US$ 47 millones, pero considerando el costo de cada casa, esa cantidad no podrá ser alcanzada. Eso, teniendo en cuenta que el valor de cada vivienda social oscila los 35 y 40 unidades de salario mínimo, es decir alrededor de US$ 10.000 por unidad. Así, haciendo la división, con los US$ 47 millones se estaría llegando a las 4.700 viviendas, con 100% de ejecución.
Sin control ciudadano
El Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis) permite realizar transferencias directas a prestadoras de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, que presentan los proyectos de beneficiarios de casa propia y eligen a la constructora que edificará la casa, sin concurso, competencia ni control ciudadano alguno. Tampoco es de libre acceso el listado de postulantes para recibir el subsidio estatal de la vivienda, y de esta manera, se impide que el ciudadano pueda ejercer de contralor y denunciar si los interesados no cumplen los requisitos.