Debido al incumplimiento de casi todos los puntos acordados en el documento firmado por parte de autoridades del Gobierno, y porque no funciona siquiera la mesa interinstitucional establecida para el seguimiento del cumplimiento de lo acordado, la ACIP y la CNI regresa a Asunción con más fuerza, destacó Belarmino Balbuena. “Sin importar la lluvia ni las distancias, los campesinos e indígenas de nuestra organización reiniciamos las protestas porque casi ninguno de los puntos del acuerdo se están cumpliendo” expresó.
Recordemos que en el documento, el Poder Ejecutivo se comprometió a reasignar el financiamiento para la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de los recursos previstos en el marco de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo para la recuperación económica. En particular, los previstos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de US$ 25.000.000. Igualmente.
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo también se comprometió a ejecutar los US$ 25.000.000 más los US$ 5.000.000 que ya se encuentran presupuestados en el MAG, totalizando US$ 30.000.000, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente por la citada cartera y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes, a ser ejecutados en el presente año 2020.
En el tercer punto del acuerdo el Poder Ejecutivo se comprometió, a través del Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación, a habilitar créditos para el fomento y desarrollo, de forma accesible, a largo plazo y baja tasa de interés.
Otro compromiso fue que a través del Banco Central del Paraguay, el Ejecutivo emitiría una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas y a trabajar sobre el reordenamiento de deudas de la agricultura familiar campesina e indígena, tanto el capital como los intereses y demás cargas financieras.
Igualmente, por su parte, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se comprometieron con la CNI y ACIP establecer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución, en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso.
Igualmente, otra mesa de trabajo con organizaciones campesinas para trabajar el acceso, legalización y recuperación de tierras para la reforma agraria y, a través del Indert, efectivizar la entrega de las tierras recuperadas del crimen organizado e inscriptas en nombre del Estado Paraguayo, para destinar para la reforma agraria.
El acuerdo también incluyó debatir, estudiar y plantear conjuntamente el presupuesto para las viviendas sociales con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y conformar con las organizaciones firmantes un equipo de seguimiento de este acuerdo que se reunirá como mínimo cada quince días.