El diputado oficialista y su esposa Mirtha Fariña fueron designados ayer de mañana como personas “significativamente corruptas” por los Estados Unidos, por lo que tienen prohibida la entrada a ese país y no pueden utilizar su dinero allí. Desde el gobierno del país norteamericano señalaron que Quintana participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el estado de derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos públicos.
Esta mañana, el legislador colorado, junto a su abogado Óscar Latorre, brindó una conferencia de prensa para pronunciarse al respecto. Quintana inició declarando que apela al derecho de la presunción de inocencia, que fue refrendado por los Estados Unidos en el marco de un convenio internacional. Asimismo, indicó que está “tranquilo” y que tras demostrarse que no está involucrado en ilícitos solicitará la “rectificación” sobre la postura de la embajada del país norteamericano.
“Tengo esa tranquilidad de que en el momento procesal oportuno voy a demostrar mi inocencia y con eso vamos a pedir a la embajada que analice nuevamente la situación en la cual me encuentro”, refirió.
Quintana también dio a entender que desde las instituciones locales indujeron al gobierno de Estados Unidos a que tome la determinación en su contra, con la provisión de “desinformaciones” con respecto a su caso. No obstante, no quiso precisar la procedencia política de las acciones en su contra y señaló que la “gente sabe de quién se trata”.
“Las distorsiones de las informaciones que Estados Unidos recoge vienen por medio de instituciones que cometen errores en manipular informaciones y esas erróneas se pasan a nivel internacional. Existe un terrorismo fiscal-judicial en el Paraguay y esas instituciones son las encargadas de velar y representantes de los ciudadanos; sin embargo, pasan desinformaciones a los gobiernos internacionales y eso causa un peligro en el estado de derecho”, refirió.
Igualmente, el precandidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este descartó que, pese a la declaración internacional en su contra, descabalgue en su intención electoral. No obstante, reconoció que la postura del gobierno de Estados Unidos afecta a su imagen porque tiene un “alto contenido político”.
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“Estoy habilitado y continúo haciendo campaña. Gozo de una popularidad muy buena en Ciudad del Este y en los sondeos estamos puntuando muy arriba en las intenciones de voto (…) (La declaración) tal vez afecte, pero la gente de CDE me conoce y sabe que es una gran injusticia que tiene un contenido político muy fuerte”, sugirió.
Con respecto a una posible presentación de pedido de pérdida de investidura en su contra en la Cámara de Diputados, el legislador refirió que es “inviable”, pues aseguró que no realizó ninguna irregularidad que refiera un tráfico de influencias que sea fehacientemente comprobado.
En otro momento, el diputado procesado manifestó que la Fiscalía realizó un trabajo irregular y actuó de forma negligente. “No soy un delincuente y no hay ninguna prueba que sostenga con argumentos fácticos que pertenezco a una asociación criminal”, sentenció.
El abogado de Quintana indicó que cuando cuenten con la resolución de la Justicia sobre el caso acudirán ante la embajada estadounidense. Sin embargo, indicó que no puede considerar la declaración del país norteamericano como “precipitada” o “errónea”.
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Latorre también declaró en la misma línea de su cliente sobre el actuar fiscal, pues consideró que la imputación “parece una novela”.
Por su parte, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, indicó que el Ministerio Público realizó un “trabajo serio” con respecto a las investigaciones contra Quintana. Asimismo, descartó que el proceso del diputado sea parte de un plan de persecución política, ya que aseguró que cuentan con elementos incriminatorios.
Cabe destacar que el diputado colorado fue acusado por la Fiscalía de asociación criminal y lavado de dinero en el marco del caso Berilo, pues presumen que tiene vínculo con el procesado y recluido narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña. El proceso judicial está suspendido desde hace más de 2 años debido a una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por la Fiscalía y que está siendo estudiada en la Corte Suprema de Justicia (CSP).