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El proyecto de ley surgió tras el abatimiento de dos niñas durante un enfrentamiento entre el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el 2 de septiembre del año pasado, en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción.
La norma establece que quien promoviera, instara, financiara económicamente o dotara de apoyo logístico suficiente a cualquier grupo o asociación para el reclutamiento de niños y adolescentes para la preparación, desarrollo y ejecución de conflictos armados o los obligue a participar directa o indirectamente en hostilidades y la toma de acciones armadas que puedan derivar será castigado con una pena privativa de libertad no menor a cinco años.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata de menores de 14 años de edad y también de una tercera parte a la mitad en los mismos eventos de acuerdo a la gradación del vínculo.
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Asimismo, se establece que ningún niño o adolescente que, encontrándose bajo el régimen de reclutamiento o bajo las órdenes de algún grupo criminal, cometa delito podrá ser acusado, perseguido o condenado.
La comisión de Derechos Humanos recomienda aprobar el proyecto de ley, mientras que la comisión de Defensa plantea derivar el proyecto a la comisión Bicameral de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario.