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A partir del mes de julio Hacienda, ya se abocará al proceso de consolidación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, sobre la base de los anteproyectos institucionales, para su presentación al Congreso a más tardar el 1 de setiembre.
El Decreto N° 5.199 del Ejecutivo, que establece los lineamientos generales para la elaboración de los anteproyectos institucionales, estableció la prohibición de incluir aumento salarial, aunque prevé el pago de las bonificaciones extras o subsidio familiar como se lo denomina en el clasificador presupuestario.
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La suba del sueldo mínimo, que pasa de G. 2.192.839 a G. 2.289.324 impactará en el proyecto para el próximo año, atendiendo que existen funcionarios que ganan el mínimo, la escala salarial de los militares y policías esta atada a esta variable y así también las pensiones que abona el Estado.
Aumento para docentes
Otro punto que Hacienda deberá definir es el aumento acordado con los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que en el presente ejercicio está previsto en la ley y está condicionado a un aumento en la recaudación impositiva, que de acuerdo al análisis de los técnicos de la cartera difícilmente se pueda alcanzar.
El PGN vigente establece que se podrá otorgar un aumento salarial de hasta 8% a los maestros si el incremento de los ingresos es superior al 10%; y hasta el 16% en el caso de que la recaudación sea superior al 15%, beneficio que se abonará en el último trimestre del año.
Hacienda había adelantado que el monto de los anteproyectos no debería superar el plan financiero vigente, considerando que seguirán ciertas restricciones debido a la pandemia del COVID-19 y por la escasez de recursos genuinos.
El presupuesto 2021 se inició con un monto de G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), pero al cierre del primer semestre se situó en G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones), de esto G. 29,6 billones (US$ 4.183 millones) se financian con recursos del Tesoro.
Convergencia al tope de déficit
El proyecto 2022 deberá ajustarse al déficit de 1,5% del PIB que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, debido a que el proyecto de ley que modifica esta legislación e incluye un plan de convergencia hasta 2024, sigue en estudio en el Congreso.
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El referido plan de convergencia prevé para este año cerrar con un saldo rojo de 4% del PIB, tope autorizado ya por ley de presupuesto, y para el próximo año se reduce a -2,8% del PIB, en 2023 se pretende bajar a -2,1% y en 2024 volver al límite de 1,5% del PIB.