El proyecto, presentado por senadores de varios partidos, encabezados por el senador Blas Llano (PLRA), prohíbe la instalación del juego electrónico de azar en lugares públicos con presencia de niños, niñas y adolescentes, tales como mercados, despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, en la vía pública y en todo negocio o comercio que no se dedique a los juegos de azar o casinos.
Dispone también que las concesiones y permisos para la explotación de juegos electrónicos de azar serán otorgados por la municipalidades, de conformidad con la Ley 1.016/97 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar. Establece también que para ello, se tendrá en cuenta la mejor oferta presentada y que se ajuste a las normas dictadas por la autoridad competente.
Hoy, la empresa que se encarga de “regular” es una concesionaria de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), a través de un contrato directo. La beneficiada es la firma iCrop SA, de la que poco y nada se conoce ya que no cuenta con trayectoria en el rubro y ni siquiera la dirección física de su oficina se ha divulgado (si es que la tiene).
En conversación con ABC, Llano calificó de “estafa” el trato con iCrop, ya que la empresa se queda con el 70% de lo recaudado por las gestiones de censo, catastro y cobro del canon por la explotación de las máquinas “tragamonedas” en salones que no sean exclusivos de juegos de azar. Solo 30% se va a Conajzar, presidida por José Ortíz.
De aprobarse la ley, quedaría nula la Resolución N° 34 de octubre de 2020 firmada por los integrantes de Conajzar, que aprobó el contrato con iCrop. Dicho contrato le autoriza a la firma a censar, catastrar y explotar las máquinas “tragamonedas” a nivel país, así como también realizar acuerdos comerciales con terceros.
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Adriana Gorchs, representante de la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA), consideró oportuno que se trate el proyecto de ley, ante la falta de repuesta de Conajzar al pedido de revisión del acuerdo que mantiene con iCrop SA. Aseguró que no se tienen las condiciones mínimas de seguridad para precautelar que las máquinas no sean utilizas por niños y añadió que existe competencia desleal. “La Conajzar esta legalizando lo ilegal solo por su afán de recaudar pero recaudar para quién”, se preguntó la empresaria.
Lorena Rojas, representante de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar, en cambio, dijo que están en contra de la resolución de Conajzar y también de la propuesta del Senado, ya que en ambos casos no se permite la participación de pequeñas empresas.
Javier Balbuena, extitular de Conajzar y hoy asesor de explotadores de máquinas tragamonedas, opinó que es necesario una audiencia pública para socializar el proyecto de ley y consensuar con todos los involucrados en el negocio. En cuanto a la licitación a cargo de las municipalidades, mencionó que es poco clara la iniciativa parlamentaria.
“El espíritu de la ley es que cada municipalidad establezca qué monto de canon se pagará por cada máquina y lo ideal es que se establezca una norma general, que se fije el pago de un canon porcentual sobre resultados y la obligatoriedad del uso de control de las máquinas, mediante un sistema de monitoreo y control en línea”, afirmó.
