Sindicalistas de juegos de azar denunciaron que la explotadora de quiniela TDP SA bloquea las máquinas para levantar apuestas a aquellos quinieleros que reporten una recaudación diaria inferior a G. 200.000. El directivo de esta empresa, Álvaro Wasmosy, está procesado por el hecho punible de declaración falsa para ser adjudicado con este negocio que mueve US$ 127 millones al año.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), bajo la presidencia de Gerardo Gómez, “regularizó” tragamonedas en sitios prohibidos en 2011. La decisión fue revocada en 2013, por Javier Balbuena. Diez años después, y con el cambio de Gobierno, José Ortiz, aprobó ese mismo plan calificado de ilegal por la propia Fiscalía.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) informó que existen 23 mil tragamonedas censadas por iCrop SA, la “reguladora” de las citadas máquinas en sitios prohibidos. No precisó cuántas pagan el canon, aunque reconoce que en días más este plan quedaría nulo en caso de promulgarse una reciente ley sancionada.
El Senado aprobó hoy el proyecto de ley que prohíbe el uso de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar. Queda en manos del Ejecutivo promulgarla, lo que sería un reconocimiento oficial de la ilegalidad cometida por la propia Conajzar al impulsar la “regularización” de dichas máquinas.
Carmen Corina Alonso, titular de la Diben, y José Antonio Ortiz Báez, expresidente de Conajzar, se abstuvieron de declarar hoy ante la fiscala Estefanía González, en el marco de las investigaciones por aparentes hechos de corrupción en la institución de juegos de azar. Hoy, el Senado trata un proyecto de ley que apunta a anular la cuestionada disposición tomada por Ortiz y otras exautoridades de Conajzar que permitieron la operación de tragamonedas en sitios prohibidos por ley.
Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez se presentaron ante la Fiscalía esta mañana y se abstuvieron a declarar por aparente hechos de corrupción en la gestión en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).