juegos de azar

Quinieleros son obligados a tener una recaudación mínima de G. 200.000, denunciaron. La empresa explotadora del juego de azar a nivel país es TDP SA, cuyo directivo es Álvaro Wasmosy Carrasco, procesado por aparente hecho de corrupción.
A pesar de la promulgación de la nueva ley de tragamonedas, que ratifica su prohibición de uso en sitios de libre concurrencia, en las calles siguen funcionando sin inconvenientes. Los municipios deben incautar las máquinas y destruirlas.
Rubén Roussillón, gobernador de Presidente Hayes (ANR, velazquista), cuenta con prohibición de salir del país por aparentes hechos de corrupción en la gestión de juegos de azar.
Los tragamonedas que esten en las calles y comercios no exclusivos de juegos de azar deberán ser destruidos. Los responsables de estas máquinas deberán pagar la multa de un salario minínimo, y en caso de reincidencia, aumenta.
Todos los tragamonedas que están en comercios no exclusivos de juegos de azar deberán ser destruidas. La medida se aplica para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la influencia de estas máquinas y no desarrollen la adicción a las apuestas (ludopatía).
José Antonio Ortiz Baéz fue interpelado por el Senado, a mediados del año pasado. Se encuentra procesado por "regularizar" tragamonedas en sitios prohibidos, plan ya aplicado en 2011 y revocado dos años después, por tratarse de una medida ilegal.
María Galván, presidenta interina de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
Conajzar "regulariza" los tragamonedas que operan en despensas mediante un censo y catastro, con la firma iCrop SA. Aquellas que fueron verificadas se las identificaba con una calcomanía (en circulo). Este plan queda nulo de promulgar el proyecto de ley sancionado en el Congreso.
Carmen Alonso es titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y ex integrante de Conajzar, ambos cargos de confianza y  designada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Autoridades se abstienen a declarar