La reunión, a realizarse en modalidad virtual y presencial, fue convocada para mañana martes a las 11:00 por la Comisión Nacional de Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, órgano que lidera el senador oficialista Enrique Bacchetta (ANR, Añetete), quien además es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Fueron convocados la fiscala general, Sandra Quiñónez; el procurador general, Juan Rafael Caballero; y el contralor general Camilo Benítez. Diputados, senadores y parlasurianos miembros de la citada comisión pedirán a Quiñónez acciones concretas para identificar a los gobiernos culpables de avalar la deuda espuria mientras que a Caballero le urgirán conocer su plan para que el Paraguay recupere los fondos entregados ilícitamente al Brasil.
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Este encuentro surge después que la Contraloría General de la República, en su informe final sobre la auditoría de la deuda de Itaipú, confirmara que la cuenta espuria sube a US$ 4.193 millones, que se benefició a Eletrobras y perjudicó a Itaipú y al Paraguay.
Según las hipótesis de la Contraloría, la misma habría sido saldada entre 2014 y 2016.
Según varios senadores de la oposición, el haber avalado esta deuda espuria se traduce en un costo inmoral de la energía eléctrica para los paraguayos; la falta de industrialización del país y falta de empleos.
En la sesión ordinaria del jueves último en el Senado, el pleno rechazó declarar “debate abierto” sobre el examen de la Contraloría que reveló la deuda espuria; sin embargo, expresaron su repudio casi todo el Frente Guasu; los liberales Víctor Ríos, Fernando Silva Facetti y Abel González así como Desirée Masi (PDP).
Masi señaló entonces que el informe “puso por escrito” lo que la oposición siempre reivindicó: que hay traidores de la patria y que la ANR debe hacerse cargo.
La parlamentaria recordó que ya en 2013 pidieron al gobierno de Horacio Cartes tomar acciones con el informe del Econ. Jeffrey Sachs que tenía conclusiones similares, pero que tanto Cartes como Mario Abdo cajonearon el informe.
“La tarifa de la ANDE es inmoral. Paraguay no puede tener esta tarifa y todos sabíamos eso. Ya entregaron Yacyretá con el acuerdo Cartes-Abdo-Macri pero con Itaipú no lo van a volver a hacer”, aseveró.
Sin embargo, la parlamentaria restó importancia a la convocatoria de la fiscala general y adelantó que no habrá resultados en la investigación. Dijo que a su criterio la Fiscalía es un “freezer” que congela cualquier investigación contra el gobierno de Horacio Cartes y sus aliados.
Acta secreta quedó en el oparei fiscal
La cuestionada fiscala general Sandra Quiñónez acudió al Senado el 7 de julio último después que el Gobierno de EE.UU. la ignorara en una reunión sobre lucha al crimen organizado. Senadores de la oposición la acusan directamente de ser servil a Horacio Cartes en fraudes como el metrobús o el caso Messer. El Ministerio Público también tuvo nulo avance y ningún imputado con el caso del acta secreta de Itaipú, cuando Mario Abdo avaló una negociación de energía con Brasil que perjudicaba al Paraguay y a la ANDE en unos US$ 300 millones. Abdo se salvó del juicio político gracias a Cartes.