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El objetivo es que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) pueda percibir un canon por “servicios” que presta en la actualidad de manera gratuita, con perjuicio a su presupuesto, según los proyectistas.
Entre estos “servicios” que presta, están la constituirse para verificación de exportaciones e importaciones en puerto, inscripción de pistas de aterrizaje, emisión y perforación de carnet de transportador, emisión de formulario de compra de precursores, constitución para verificación de parcelas de cáñamo industrial, de cannabis medicinal y de semillas de cáñamo que arriban al país, emisión de constancias de inscripción, etc.
Los proyectistas son los senadores Fernando Silva Facetti (PLRA-llanista), Óscar Salomón (ANR-Añetete) y Gilberto Apuril (Hagamos).
El proyecto de ley fue objeto de críticas en la comisión de Hacienda y Presupuesto, señalando que los servicios que pretende cobrar ya son realizados también por otros organismos, como la Dinac, el Ministerio de Agricultura, etc., por lo cual no corresponde una doble percepción.
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Por otro lado, señalan que no corresponde tampoco darle esas atribuciones a la Senad.
La ministra de la Senad, Zully Rolón, había sido convocada por la comisión para hablar de este proyecto de ley, pero sus argumentos no convencieron a la mayoría.
En principio, el proyecto sería rechazado o postergado por tiempo indefinido para estudiar de manera interinstitucional la posibilidad de que la Senad pueda tener más recursos para cumplir con sus obligaciones.