La cartera fiscal entrará esta semana en la etapa en que debe empezar a ajustar los números y establecer las opciones presupuestarias existentes, a partir de los ingresos que se estiman conseguir de una economía en donde aún persisten los riesgos debido a la pandemia.
Hacienda tiene plazo hasta el próximo 1 de setiembre para presentar el plan de gasto a consideración del Parlamento, que tras recibir derivará el documento para su dictamen a la Comisión Bicameral de Presupuesto y entre noviembre y diciembre, decidir en plenaria sobre el tema planteado.
Los datos preliminares manejados en Hacienda dan cuenta de que el proyecto 2022 se elabora sobre una base de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,8%, una inflación del 4% al fin del periodo y el tipo de cambio a G. 6.992 por dólar.
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Los técnicos aclararon que estos indicadores son preliminares, que podrían a ser ajustados teniendo en cuenta que el Banco Central del Paraguay (BCP) elevó su estimación de crecimiento de 3,5% a 4,5% para este año, lo que hace pensar en una mejora de la economía para el año venidero.
En cuanto al déficit fiscal, deberá ajustarse al tope de 1,5% del PIB que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que el proyecto de ley que modifica esta legislación e incluye un plan de convergencia hasta 2024, sigue en estudio en el Congreso.
El referido plan de convergencia prevé para este año cerrar con un saldo rojo de 4%, tope autorizado por ley de presupuesto; para el próximo año se reduce a -2,8% del PIB; en 2023 a -2,1% y en 2024, vuelve al límite de 1,5% del PIB.
Aumentos a ser definidos
Con respecto a los números que debe definir Hacienda, entre otros, guardan relación a los aumentos salariales atendiendo que el sueldo mínimo pasó de G. 2.192.839 a G. 2.289.324, lo que impactará porque existen funcionarios que ganan el mínimo, la escala salarial de los militares y policías está atada a esta variable y también las pensiones que abona el Estado.
Además, lo más fuerte en materia de recursos, es el aumento acordado con los docentes del Ministerio de Educación previsto en la ley vigente y su pago condicionado a un aumento en la recaudación impositiva.
Hacienda ya adelantó que no existen condiciones para pagar y por ello, incluyó en el proyecto de ley de consolidación económica y de contención social la prohibición de tales incrementos.
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El PGN vigente establece que se podrá otorgar un aumento salarial de hasta 8% a los maestros si el incremento de los ingresos es superior al 10%; y hasta el 16% en el caso de que la recaudación sea superior al 15%, beneficio que se abonará en el último trimestre del año. Según los datos manejados por la cartera, de otorgarse costará US$ 30 millones, pero para el año venidero representará más de US$ 100 millones.
En principio, el proyecto base no debería superar el plan financiero 2021, considerando la pandemia y la escasez de recursos genuinos. En ese sentido, el presupuesto 2021 se inició con un monto de G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), pero al cierre del primer semestre se situó en G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones), de esto G. 29,6 billones (US$ 4.183 millones) se financia con recursos del Tesoro.