Piden transparencia en compras públicas y el fin de las empresas “de maletín”

Los datos expuestos esta mañana en la audiencia pública señalan que el Estado realiza compras en promedio por unos US$ 3.000 millones, lo que representa casi el 8% del producto interno bruto (PIB) y el 21% del Presupuesto General de la Nación (PGN), un monto muy importante para la economía del país.

La audiencia fue presidida por el senador Juan Darío Monges (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda; también estuvieron presentes el senador Fernando Silva Facetti (PLRA), miembro de la Comisión de Legislación, y la senadora Desiré Masi (PDP), miembro de la comisión de Hacienda.

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En representación del Gobierno estuvo el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación (STP),Viviana Casco; y el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, además de representantes de gremios empresariales, del sector público y profesionales independientes interesados en el tema.

Se necesita nueva ley

La mayoría de los participantes coincidió en que se necesita una nueva ley de compras públicas para que el Estado sea más eficiente, para mejorar el gasto público, transparentar los procesos y permitir la participación igualitaria.

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En ese contexto, desde el sector privado se plantearon modificaciones a diversos artículos del proyecto de ley, para garantizar la participación de las empresas, establecer claramente la conformación de los consorcios, la subcontratación, el registro de inhabilitados, que se respete la autonomía de las entidades para evitar una masiva acción de inconstitucionalidad que hagan inviable su implementación, entre otras puntualizaciones realizadas.

“Empresas de maletín”

Jaime Egüez, presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, dijo que el Estado debe concentrarse en ser más eficiente, porque con la ley actual hay mucha ineficiencia y permite que los procesos estén envueltos en corrupción, por lo que destacó que se debe ser más riguroso y transparente.

La senadora Masi expresó cómo es que Contrataciones Públicas les sigue permitiendo a las “empresas de maletín” participar de las licitaciones, aquellas que no tienen domicilio fijo y venden desde clavos hasta vacunas; así como también las firmas sancionadas que siguen participando de los procesos licitatorios. En ese contexto, preguntó a las autoridades del Gobierno qué se propone en esta nueva ley para evitar esto y frenar la corrupción.

Seitz dijo que con la modificación de la ley actual se incrementó el nivel de seguridad, pero recién para las reincidencias y futuros contratos, pero con el proyecto se aplicarán sanciones que irán contagiándose para evitar burlar la sanción de la DNCP; en cuanto al multiproveedor, indicó que se busca mejorar la administración de los datos y la transparencia de estos datos mediante un registro de proveedores, ya que actualmente el sistema es apenas una biblioteca de documentos escaneados que no tienen mayor información útil a los efectos investigativos, entre otros.

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Comprar mejor

El ministro de Hacienda, al inicio del debate en la audiencia, señaló que mediante el proyecto de ley presentado al Congreso se apunta a lograr una mayor eficiencia y transparencia del Estado, además de ser un paso importante en el proceso de transformación del Estado.

Explicó que el proyecto introduce el concepto del sistema de suministro público, se fortalece el rol de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como rector del proceso de compras y se integra a dicho proceso a la etapa de presupuesto, desde la planificación hasta la evaluación de los resultados.

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Para el ministro, la intención es comprar mejor, cumpliendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, además es imprescindible que los escasos recursos sean utilizados efectivamente y acompañen de manera eficaz el proceso de recuperación económica.

La ministra Casco destacó que las principales innovaciones del proyecto son el valor por dinero, economía de escala, dinamización de sectores estratégicos, registro de proveedores y compradores, sanciones, inhabilidades y conflicto de intereses, y participación ciudadana y transparencia.