Las leyes de compras públicas y del programa “Hambre cero” prevén una discriminación positiva para facilitar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Pero en el sector lamentan que las altas exigencias en llamados lo impiden.
Las nuevas reglas para compras públicas estipuladas en la Ley N° 7021/23 (que reemplaza a la Ley N° 2051/03) ya se contemplan para la ejecución del Presupuesto General de Gastos para este año, recientemente reglamentado por el Ejecutivo. Entre las novedades están que autoridades y sus familiares no pueden proveer al Estado, confirmó Contrataciones.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) convoca a la gente interesada en capacitarse en compras públicas, ya sea del sector público o privado. Sin embargo, la formación es obligatoria para los funcionarios públicos que tienen cargo en las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC) del país.
Agustín Encina, director de Contrataciones Públicas, explicó que la nueva Ley 7021 de Suministros y Compras Públicas establece en su artículo 14 los procedimientos excluidos de la Ley de Contrataciones, y en estas exclusiones entran precisamente las compras financiadas por organismos internacionales. Sin embargo, lo único que la DNCP puede exigir es que se haga publicidad de estos procesos de compra desde el vamos, y no cuando ya están finalizados.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) reportó que en estos cuatro meses de administración del gobierno del presidente Santiago Peña, se procesaron expedientes de compras públicas que superaron los US$ 1.100 millones.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) desarrolla capacitaciones a los representantes de las proveedoras del Estado para actualizar sus registros conforme se estipula en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas. La normativa plantea varias novedades y las compañías deben adaptarse para seguir vendiendo a instituciones públicas.