El cartista y exanimador de fiestas Hugo Javier González, gobernador del departamento Central, se ratificó en que no existen irregularidades en la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales del 2020), monto otorgado por el Ejecutivo a la institución departamental para reactivar la economía durante la pandemia.

La Gobernación repartió todo el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro. La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, llevó G. 5.105 millones, y el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.

En la rendición de cuentas se hallaron facturas falsas, empresas que no existen en las direcciones declaradas, compras que no condicen con el rubro al cual se dedican los proveedores, entre otras anomalías.

La Senac y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) denunciaron el pasado 8 de julio la comisión de los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.

Pero hasta la fecha nadie fue imputado y los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said se mantienen en silencio. La Senac sostuvo que existen suficientes indicios de hechos de corrupción para que varios sean imputados.

Lea más: Gobernador de Central contrata a ONG para evadir responsabilidad

Para Hugo Javier “no existen documentos falsos”

El gobernador Hugo Javier mencionó en su descargo que “no se identifican documentos de contenidos falsos, tampoco se identifican inconsistencias tributarias, contables ni administrativas”. Además defendió a la ONG CIAP y dijo que “personas innominadas presentaron una información falsa a nombre de CIAP a la Gobernación”.

Indicó también que “la inconsistencia no es sinónimo de ilegalidad y las transferencias realizadas se encuentran dentro del marco de la legalidad, incluso se han adquirido los bienes en un costo inferior al precio de mercado”. Agregó que las facturas que forman parte de la rendición son legales.

Hugo Javier reclamó a la Senac y AGPE la falta de especificaciones de las inconsistencias administrativas halladas, ya que aseguró que no figuran en el informe preliminar. El gobernador afirmó que los proyectos de CIAP y del Consejo fueron aprobados en base a la “factibilidad y viabilidad”.

Referente al Consejo de Salud

La Senac y AGPE afirmaron que el Consejo Regional de Salud no está reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), de hecho, desde la Dirección de Descentralización de la cartera de Estado afirmaron a ABC que no cuentan con el último acta de asamblea y con la nómina de los miembros del Consejo Directivo de la organización.

Pero Hugo Javier señaló que el Consejo tiene reconocimiento de la Gobernación y también la acreditación del Instituto de Bienestar Social (IBS), otra dependencia del Ministerio.

Lea más: pese a sinfín de irregularidades la fiscalía no imputa en caso facturas clonadas

Sin embargo, la Dirección de Descentralización había solicitado al Consejo Regional de Salud en diciembre del 2020, regularizar la falta administrativa, pero hasta ahora no remitieron documento alguno. Sus miembros son unos perfectos desconocidos para esta Dirección. Desde esta dependencia, dijeron también que, por un lado, corresponde la acreditación del IBS, pero que igualmente deben ser reconocidos por el Ministerio.

Hugo Javier presentó un acta desfasada para justificar una donación hecha al Hospital Distrital de Areguá. Al respecto, ahora en su descargo, el gobernador dijo que “la misma fue remitida por un error involuntario”. Adjuntaron otras actas donde aseguraron que sí realizaron varias donaciones a los hospitales de Areguá, Capiatá, Fernando de la Mora, Ñemby, Itauguá, Villa Elisa, Ypacaraí y Guarambaré. Lo notable es que dichas donaciones aparecieron casi seis meses después de todas las supuestas compras que se hicieron a inicios de este año, antes de las transferencias.

Respecto a la observación sobre los comprobantes que contaban con fecha anterior a la recepción de los fondos y cobro de cheque, el gobernador indicó que las facturas “son válidas incluyendo sus contenidos”.

Recordemos que el Consejo Regional de Salud supuestamente compró mobiliarios hospitalarios de un taller mecánico que se dedica a la fabricación de carrocerías para camiones de gran porte. Así lo grafica una de las facturas, específicamente de la metalúrgica “MG” emitida por el monto de G. 593 millones.

Sin embargo, Hugo Javier no pudo justificar por qué la factura es contado, si aún no tenían el dinero, si fueron expedidas a crédito. “Cabe señalar (…) que ya se contaba con la resolución por la cual se autoriza la obligación y el pago del Consejo Regional de Salud para la ejecución del proyecto”, dice en su descargo.

Descargo sobre CIAP

Los auditores afirmaron en el informe preliminar que existen “severas irregularidades” en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el uso del millón de dólares. Por ejemplo, se observó que la naturaleza de la fundación no condice con el objetivo de la firma del convenio. La organización se dedica a la formación y capacitación de personas en diferentes disciplinas, sin embargo, fue contratada por Hugo Javier para hacer obras de infraestructura. El estatuto de CIAP no fue modificado.

El gobernador se refirió respecto a CIAP “que la Gobernación de Central se ratifica en que la misma se encontraba capacitada para la realización de trabajos en vista al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas conforme a lo dispuesto en su acta de constitución”.

Referente al reemplazo de facturas, el mismo negó rotundamente el hecho, que fue denunciado por la Senac y la SET, y aseguró que no existen irregularidades. También habló de “errores involuntarios” en la omisión de fecha de emisión en los presupuestos presentados por los contratistas y en el cuadro comparativo de precios, así como en las actas de inicio de trabajo para las 14 obras, es decir, para todas.

Con relación a las empresas que fueron notificadas por la Senac sobre diferentes inconsistencias y que luego manifestaron que las facturas presentadas como respaldo de la rendición de fecha 20/05/2021 no son válidas, la Gobernación “recuerda” que dicha rendición fue rectificada el 02/07/2021 porque no correspondían a los proyectos ejecutados por CIAP, con el fondo de emergencia.

La rectificación fue hecha casi dos meses después, coincidentemente luego de las primeras publicaciones periodísticas respecto a la clonación de facturas que se iniciaron en los primeros días de junio.

“En lo que concierne a la actualización de datos (dirección y teléfono) de los contratistas cuyas direcciones no fueron ubicadas, son responsabilidad de los mismos la actualización de dichos datos en sus comprobantes legales”, se indica el descargo.