Hace una semana, dos concejales municipales de Areguá se llenaron de valor y decidieron denunciar penalmente ante el Ministerio Público al intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Fleytas, colorado cartista, quien ejerce su segundo periodo ya que fue reelecto en octubre de 2022.
A las autoridades municipales de Luque y Areguá pareciera no preocuparles el aumento de los casos de dengue y chikunguña. Esta última enfermedad ya causó la muerte de más de una decena de personas, se registran casos graves y la situación que podría descontrolarse.
El viernes último se llevó a cabo la audiencia preliminar del titular de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, quien esperaba con ansias ser beneficiado con el procedimiento abreviado y suspensión a prueba de la ejecución de la condena, es decir, sería condenado pero no iría preso. La fundación CIAP está involucrada en el desvío de fondos de G. 5.105 millones, ocurrido en plena pandemia del covid-19, que fue gestada en la Gobernación del departamento Central.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción sorprendió la semana pasada al presentar acusación contra ocho personas y dos nuevas imputaciones en la causa que involucra a la Gobernación del departamento Central, más conocida como “facturas clonadas”. Los agentes también pidieron que el caso sea elevado a juicio oral.
La segunda imputación contra el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (ANR HC), y otras 48 personas dejó al desnudo las groseras maniobras que realizaba el esquema delictivo creado desde la institución para desviar el dinero público que debió ser destinado a salud, educación y comunidades vulnerables.
El pasado lunes, la Fiscalía sorprendió con una nueva imputación contra el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (cartista) y otras 49 personas sospechadas de haber cometido los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.
La Municipalidad de Luque tiene vía libre para realizar el llamado a licitación pública para la compra de diez motos patrulleras por la descabellada suma de G. 611 millones, es decir, cada biciclo costará G. 61 millones. La semana pasada, la Junta Municipal aprobó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que autoriza la compra.