Senac y AGPE realizaron una auditoría conjunta sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre último para la reactivación económica durante la pandemia. El dinero forma del fondo de emergencia por covid-19, ley 6641/2020.

El caso comenzó a ser investigado luego que los concejales departamentales liberales Roque Ávalos y Adrián Billy Vaesken, denunciarán un rosario de irregularidades como clonación de facturas, entre otros.

La administración departamental transfirió a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo, G. 5.105 millones para realizar obras de infraestructura y mejoramiento en espacios públicos y al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, G. 1.276 millones para ayudar a hospitales.

Hugo Javier trabó auditoría

Según el informe final de la Senac y AGPE, la auditoría “ha tenido limitaciones en la obtención de documentaciones”, así como demora en la remisión de determinados documentos esenciales para la verificación de la correcta ejecución de las obras, hechas por CIAP con el dinero público.

Las documentaciones no proveídas fueron las copias de planillas de cómputos métricos, planos de proyectos ejecutivos, planos de obras ejecutadas finales y cálculos de obras de ingeniería.

“En consecuencia nuestro trabajo no incluye la revisión integral de todas las operaciones y por lo tanto el contenido del presente informe no puede considerarse como una exposición de todas las eventuales deficiencias y/o de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas, ya que el equipo se limitó a opinar sobre los documentos e informaciones básicas que fueron proveídas”, dice el informe.

Principales responsables

El dictamen de la auditoria especifica claramente que los principales responsables de la institución departamental son el gobernador colorado cartista Hugo Javier González en su carácter de ordenador de gastos, así como también Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas, Laura Dahiana Álvarez López, directora general de auditoría interna y Horacio Federico Pekholtz, jefe de rendición de cuentas de la Gobernación.

Los mismos tienen la misión de llevar a cabo el eficaz control de la adecuada ejecución de los fondos otorgados a entidades sin fines de lucro, sin embargo, no fueron capaces de proveer los documentos citados anteriormente.

Los auditores dicen que las irregularidades manifestadas podrían implicar un menoscabo a fondos del Estado y que la falta de documentos respaldatorios “impide conocer la utilización de los fondos cedidos por la Gobernación” a la Fundación CIAP y al Consejo Regional de Salud. Afirman también que la simple existencia de las obras declaradas, no significa que el gasto realizado se encuentre dentro de los parámetros del mercado que evite un detrimento al patrimonio del Estado.

Anomalías en torno al Consejo

El Consejo Regional de Salud recibió G. 1.276 millones, sin estar habilitada para operar por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). También realizó una donación irregular de bienes al Hospital distrital de Areguá, ya que para justificar el uso de dinero presentó un acta de donación con fecha anterior al desembolso. Al respecto, el gobernador dijo que se trató de “un error involuntario”. La secretaría de la XI Región Sanitaria confirmó que no se realizó ninguna donación en la fecha declarada por el Consejo a dicho nosocomio.

Despilfarro cometido por CIAP

El principal hecho irregular es que la naturaleza de la fundación “no coincide” con el objetivo del contrato firmado entre CIAP y la Gobernación. Esto en pleno conocimiento de Hugo Javier. Según el estatuto de CIAP, la ONG se dedica a la formación profesionales en diferentes disciplinas, sin embargó, hizo obras de infraestructura y mejoramiento en espacios públicos.

No existen documentos respaldatorios por más de G. 976 millones sobre el supuesto estudio de impacto ambiental, estudio de suelo y contratación de profesionales fiscalizadores, que CIAP pagó a una empresa llamada Asunción Ofertas de Edgar Arriola. También la Gobernación reemplazó facturas de CIAP en su rendición de cuentas presentada a AGPE por más de G. 1.610 millones.