Caso Hugo Javier: Contraloría sigue dilatando culminación de auditoría sobre despilfarro del millón de dólares

AREGUÁ. La Contraloría General de la República (CGR) debió notificar máximo el 30 de setiembre al gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, sobre los hallazgos de la auditoría hecha sobre la transferencia de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020), a ONG´s, que el Ejecutivo otorgó a la institución para la reactivación de la económica en el XI Departamento durante la pandemia de Covid-19. Hasta la fecha no se tienen novedades.

Hugo Javier González (izq.) junto a su protector, el expresidente Horacio Cartes y Santiago Peña.
Hugo Javier González (izq.) junto a su protector, el expresidente Horacio Cartes y Santiago Peña.Archivo, ABC Color

Según fuentes confiables, la versión que suena fuertemente en el entorno del cartismo es que “el informe final de la auditoría del caso facturas clonadas no será emitido antes de las elecciones municipales para no dañar la imagen del Partido Colorado”. Efectivamente, a tan solo seis días de las elecciones que serán el próximo 10 de octubre, no se tienen novedades al respecto.

Días atrás, nos comunicamos con el director de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República (CGR), Emilio Ferreira, sobre la versión y el mismo dijo que “independientemente a las elecciones, eso (el informe para descargo) va a salir a más tardar a fin de setiembre, por lo menos así está programado”, aseguró.

Hoy tratamos de comunicarnos otra vez con Ferreira enviando mensajes de texto a su número telefónico además de llamarlo, pero el director no contestó por ninguna de las vías. Según refirió anteriormente, el gobernador de Central Hugo Javier González, cartista, sería notificado máximo el 30 de setiembre, sobre los hallazgos de la revisión especial sobre el uso de G. 6.382 millones que el Ejecutivo entregó a la Gobernación para generar fuente de trabajo en Central haciendo obras de infraestructura y abasteciendo a hospitales.

Efectivamente, por más que Hugo Javier haya sido notificado el 30 de setiembre, el mismo tendrá cinco días para presentar su descargo, incluso está sujeto a prórroga. Una vez presentado el descargo a la CGR, el ente necesitará otros diez días para analizar la defensa del exanimador de fiestas más conocido como el número dos.

Recordemos, que González, repartió todo el fondo de emergencia por covid-19 y entregó G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo, para realizar obras de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos, a pesar que la función principal de CIAP es la de formar profesionales en diversas disciplinas además de la realización de charlas. La fundación no tiene experiencia ni profesionales idóneos para hacer obras.

También el Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones para ayudar a los hospitales de Central. Esta organización ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), según informes de la Dirección de Descentralización de la cartera sanitaria.

Fiscalía sigue esperando informes para actuar

El fiscal Rodrigo Estigarribia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que investiga el caso solicitó el 16 de setiembre informes a la CGR, sobre rendiciones de cuentas anteriores de fundaciones que podrían estar vinculadas a CIAP y a la Gobernación de Central.

El agente del Ministerio Público al ser consultado sobre por qué aún nadie fue imputado en el caso, manifestó que además de esperar lo solicitado en setiembre, precisan del informe final de la CGR que aunque no será vinculante, sí será concluyente. Afirmó que la fiscalía está investigando el caso dentro de los plazos establecidos y que son varios los posibles hechos punibles analizados en torno al uso del millón de dólares. Dijo que no quiere expedirse sobre faltas “menores”, justificando el por qué nadie fue procesado hasta la fecha.

Irregularidades detectadas hasta ahora

En la rendición de cuenta de la institución departamental aparecen facturas clonadas, comprobantes de empresas que no existen en las direcciones declaradas, reemplazo de varias facturas para despistar un inminente despilfarro, entre otras groseras irregularidades.

Estas y otras anomalías fueron denunciadas ante el Ministerio Público por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el 8 de julio de este año.

Luego, Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y Senac realizaron una auditoría conjunta y descubrieron graves inconsistencias que incluso fueron ratificadas en el informe final, que ya fue presentado al fiscal Estigarribia.

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