Ingresos de Itaipú repercuten en los municipios a través del Fonacide

Desde la Campaña Itaipú ñane mba’e sostienen que esos fondos (de royalties y Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) son parte del mencanismo que “tranca al desarrollo país, porque son las migajas que recibe Paraguay por ceder su energía a un precio absurdo a Brasil (3 US$/ MWh) en vez de poder disponer libremente de ella, usarla para industrializar o vender a precio de mercado (entre 50 y hasta 200 US$/ MWh)”.

Mencionan que desde 1985 hasta el 2020, el Estado paraguayo recibió un total de US$ 4.586,4 millones en concepto de compensación del Brasil por la energía producida por Itaipú y no utilizada en territorio nacional. Desde el 2012, esos ingresos son canalizados a través del Fonacide.

Según la Ley 4.758/12, los recursos del Fonacide deben ser distribuidos de la siguiente manera: 28% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura; 30% al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI); 25% a los gobiernos departamentales y municipales; 7% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y 10% para el Fondo Nacional para la Salud.

Lea más: Cómo afecta el actual manejo de la binacional a los municipios de todo el país

En lo que se refiere a recursos para los gobiernos departamentales y municipales, la Ley 4.758/12 establece que, por lo menos, el 50% debe destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación.

La transferencia se realiza desde Itaipú al Ministerio de Hacienda y a través de éste a las gobernaciones y municipios, las que deberán estar al día con la rendición de cuentas de las partidas provenientes de los fondos que hayan recibido previamente para que puedan disponer de los mismos, “pero con la misma superficialidad que los royalties y los mismos problemas de corrupción”.

En el 2020, el Ministerio de Hacienda, a través del Fonacide, transfirió a las municipalidades G. 358.938 millones y a las gobernaciones, G. 153.814 millones, indica la Campaña. El control de la ejecución de estos recursos está a cargo de la Contraloría General de la República.

Lea más: Por ocultar datos, Hacienda corta Fonacide y royalties a 43 ciudades

Casos de malversación y corrupción en el uso de dichos fondos son sistemáticamente identificados y denunciados por la ciudadanía, lo cual indica que el control ejercido sobre el uso de los mismos “es muy débil”. De hecho, para la rendición solo presentan los documentos, pero no hay una verificación de que esos documentos sean reales, expresan desde la organización. “Así es que se tienen tinglados que se rindieron pero nunca existieron, o almuerzos escolares que nunca llegaron, entre otros casos denunciados” recuerda.

Apenas un subsidio político

“Vimos que una parte importante de los recursos financieros de los que disponen los gobiernos departamentales y municipales proviene de la renta generada por las entidades binacionales, pero que hasta hoy, eso, muy poco se tradujo en desarrollo en el distrito, sino principalmente en un atraso que se mantiene dependiente de esas migajas y “subsidio político” y que no puede ser usado para industrias o producción”, expresan en el recuento realizado desde la Campaña Itaipú ñane mba’e.