La situación tiene como trasfondo el hecho de que el Estado paraguayo todavía no pagó por las tierras expropiadas en favor de la comunidad indígena, y el propietario todavía está en posesión de esa fracción de inmueble, refirió el representante del Ministerio Público.
El sitio de conflicto se encuentra en el distrito de Carlos Antonio López, a unos 180 kilómetros al noreste de la capital departamental, Encarnación.
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Las tierras ocupadas por los indígenas es parte de una fracción superior, de unas 1.000 hectáreas, propiedad del ciudadano alemán José Albert, quien no reside en el país, y que administra el fundo a través de un apoderado, un ciudadano paraguayo de nombre Óscar Benítez.
En el 2020 el Estado paraguayo expropió una fracción de 119 hectáreas en favor de la comunidad Y’akã Marangatu, como parte del cumplimiento de un compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras reconocer la responsabilidad estatal en la negación a los nativos de su derecho de volver a sus tierras ancestrales.
Conflicto por el arrendamiento
De acuerdo a la denuncia del cacique Felipe Ramírez, el apoderado del ciudadano alemán alquila la tierra de la comunidad al ciudadano brasileño Joao Primaz, para cultivar soja y otros rubros de renta.
Para el cacique indígena, los productores sojeros son invasores, que ya no deberían turbar la tranquilidad de la comunidad, ingresando con sus máquinas atendiendo que la fracción ya fue expropiado en fundo en favor de la comunidad.
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Sobre el punto, el fiscal Castro señaló que en rigor el problema de fondo se funda en el hecho de que la posesión de esta fracción de inmueble todavía la ejerce su propietario, un ciudadano alemán. Hasta tanto el Estado no pague por la compra y otorgue la posesión definitiva a la comunidad, el propietario sigue en posesión del inmueble, explicó.
De acuerdo a una fuente, este esquema de alquiler de las tierras se da desde hace tiempo, pero ahora, que estamos en época de siembra, surge el inconveniente de quién se beneficia con el arriendo del terreno. Tanto el apoderado como los nativos quieren acceder al recurso que genera el arrendamiento.