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El proyecto de ley pasará a consideración del Poder Ejecutivo que se estima lo promulgará ya que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, habían señalado que estaban conformes con la versión aprobada en el Senado y abogaron por su sanción.
El Ejecutivo había presentado un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones) y la Cámara de Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.843 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).
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Este incremento en su mayor se debe a que se amplió la previsión de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, como lo solicitó Hacienda para destinar más recursos a Salud Pública y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero la otra parte fue inflado en unos US$ 35 millones que se calzó con una mayor estimación del IVA e impuesto selectivo al tabaco.
El Senado, por su parte, aprobó G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones), lo que finalmente que quedó sancionado en la fecha, una cifra levemente inferior a lo de Diputados atendiendo la reposición de los recursos al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y al Fondo Nacional para la Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El proyecto de Diputados establecía la utilización de G. 119.000 millones (US$ 17 millones) que corresponden a los recursos del FEEI y G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones) al Fonacide.
100% de recursos vuelven al FEEI y Fonacide
En lo que respecta al FEEI, los diputados destinaron estos recursos para financiar la compra de kits y alimento escolar, que inicialmente estaba cubierto con recursos del Tesoro y este cambio de fuente de financiamiento permitió libera los recursos del Tesoro en ese mismo monto para financiar gastos corrientes: salarios y la creación de más de 1.359 para los organismos de justicia (Cote, Fiscalía, Defensoría Pública) y universidades, principalmente.
En cuanto al Fonacide, Diputados distribuyó el saldo previsto del presente ejercicio a diversas entidades públicas, entre ellas inversiones en el Poder Judicial, lo que puso en riesgo la continuidad de las obras para la realización de los juegos Odesur en Asunción.
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El proyecto de ley del Senado, que es la versión sancionada, repuso el 100% de los fondos al FEEI y al Fonacide, con lo que la mayoría de las entidades que habían obtenido un aumento presupuestarios con respecto al proyecto del Ejecutivo, quedaron nuevamente sin ese adicional.
La Comisión de Presupuesto de Diputados dictaminó a favor de aceptar la versión de Senadores porque los miembros consideraron razonable y porque la referida cámara tiene la decisión final sobre el PGN 2022, además alegaron que no se pretende afectar los fondos para educación.