Sin vergüenza, colorados salvan a Hugo Javier de la intervención

Con 42 votos por el del blanqueo, 31 a favor de la intervención y 7 ausencias, se rechazó y mando al archivo el pedido.

“La corrupción mata y Hugo Javier es responsable. Tenemos todos los elementos para decir que debe apartarse por 90 días”, afirmó el diputado Édgar Acosta (PLRA), miembro de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención y que argumentó el dictamen a favor.

Ratificó que existen todos los elementos jurídicos y políticos para la intervención. Recordó que hay una imputación fiscal, así como sendos informes de Contraloría, de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

“Se montó un esquema para robar y se encontró la manera perfecta a través de las oenegés, con aliados inescrupulosos que se robaron dinero del pueblo paraguayo”, resumió Acosta, y dijo que lo que realmente se votará es “si vamos a seguir dándole confianza a Hugo Javier y su gavilla de seguir gestionando los bienes públicos”.

“Es todo tan burdo, tan sucio -para usar una palabra coloquial- en lo que representa el uso del dinero público, que ni se preocuparon de presentar planillas de rendición por G. 9.288 millones y peor aún respaldo documental de G. 18.000 millones”, recordó Acosta como solo uno de los elementos objetivos.

Con el argumento falaz de que supuestamente no existen “obras fantasmas” como se denunció, la bancadas coloradas blanquearon a Hugo Javier González, en medio de la desvergüenza y especulaciones ya de lo que ofrecieron como moneda de cambio.

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El exanimador se encuentra imputado junto a otras 14 personas por los delitos de presunta lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal, por el presunto desvío de parte de unos US$ 1 millón que debían ser destinados para la reactivación económica durante la pandemia.

“La auditoría del Poder Ejecutivo dice, ‘Podemos concluir que los procedimientos administrativos y el sistema de control interno vigentes en el ente sujeto a control, no son confiables ni satisfactorios debido a las siguientes observaciones: transferencia de fondo entidades no habilitadas por salud, donación irregular de bienes y facturas falsas, facturas que no corresponden a entidades que deben prestar ese tipo de servicios”, destacó por su parte en favor de la intervención, la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

La Fiscalía detectó 7 obras presuntamente “fantasmas”, denominadas así no porque las mismas no estén hechas, sino porque ya estaban terminadas antes de que el Ejecutivo incluso asigne los fondos para la pandemia, por lo que la sospecha es que el Gobernador hizo figurar dichas obras culminadas para justificar desembolsos de fondos covid-19, que por cierto, se realizaron sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entregando millones a organizaciones no gubernamentales. En dicho caso están imputados también los responsables de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).

Vallejo también desbarató el argumento de que supuestamente no existen obras “fantasmas” porque recorrieron unas cuantas. “Existe la obra, solamente que el supuesto hecho es que se pagó por algo que ya existía, entonces que quede claro, porque quieren instalar que porque está la obra está todo perfecto, señores lean antes de afirmar eso”, dijo la diputada patriaqueridista.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) también detectó otras tres obras por las cuales se realizaron dobles pagos. A modo de ejemplo, la Gobernación hizo figurar en papeles que el mismo tramo de la calle San Ignacio de Lambaré recibió dos veces trabajos de reparación. La primera vez pagó G. 800 millones y en la segunda, G. 750 millones.

Los diputados colorados omitieron complemente el hecho de que se detectaron también facturas falsas o clonadas presentadas por la Gobernación en la rendición de cuentas, esto sin mencionar que hay otras dos investigaciones penales en proceso por el uso de otros G. 18.300 millones de fondos propios de la Gobernación, que involucran también a la oenegé Tekove Servicio de Acción Social y al Consejo Regional de Salud del Departamento Central.

Un “ladrón de poca monta” comparado con sus “cómplices”

“La cabeza de este esquema no merece seguir en el cargo”, dijo la diputada Kattya González (PEN), que no obstante consideró que es un “ladrón de poca monta” y que los verdaderos peligrosos son los que ahora votarán para salvarlo, que piensan que la ciudadanía es “idiota”.

“Hugo Javier González no es nadie, es apenas un delincuente de poca monta que va a terminar en el basurero de nuestra historia política. Aquí los que lo sostienen, no solamente lo sostienen a él, los que buscan impedir que se lo destituya y vaya a la cárcel no tienen ningún interés en Hugo Javier, (...) lo que les importa realmente -el karakú de la cuestión- es que todo siga igual, que se siga robando a costa del Paraguay”, dijo la diputada encuentrista.

González también cree que los colorados actúan con impunidad, porque piensan que la decisión no tendrá ningún costo político. “Esta clase política que hoy va a votar por la impunidad y por el blanqueo, ¿Saben qué piensa de ustedes, los ciudadanos? Piensan que ustedes son idiotas, que ustedes no tienen memoria, que ustedes no castigan ni sancionan, que ustedes van a seguir votando en el 2023 a lo mismo de siempre”, dijo.

El diputado Rodrigo Blanco (PLRA), como representantes de Central también abogó a favor de la intervención, y retó a los colorados a que aprueben, y que si realmente no hay elementos como dicen, Hugo Javier saldrán bien parado.

El legislador Celso Keneddy (PLRA) también dijo que no se puede desconocer todo el trabajo y los hallazgos de las diferentes instituciones de control, que considera que no son meros “charlatanes”, como tratan de tildar los defensores de Hugo Javier y que se debe aprobar la intervención.

“No voy a acompañar nunca la mentira”, dice Paniagua

Ángel Paniagua (ANR, oficialista), presidente de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención fue el único que se animó a tratar de defender a Hugo Javier. “Jamás escuché tantas mentiras, jamás escuché tanta falsedad”, dijo el diputado colorado, que no obstante reconoció que no tuvo en cuenta los elementos de la imputación, ni los reportes de otras instituciones, “porque eso se tiene que dirimir en la justicia”.

Uno de los pocos argumentos de Paniagua fue que visitaron 14 obras, y todas estaban, por lo que supuestamente no correspondía acusar de obras “fantasmas”. El diputado Édgar Acosta lo refutó recordárdandole que la lista de obras que visitaron la realizó la Gobernación y no los concejales denunciantes, y que no hay ningún elemento que certifique que dichas obras sean las que corresponden a los desembolsos.

“A mí me sorprende cómo fácilmente la gente acusa y miente, me sorprende de sobremanera todo lo que se ha apuntado hoy. Presidente, en lo que refiere a la posibilidad de determinar la existencia de un delito, tanto la Constitución como las leyes respectivas establecen que dicha función corresponde a otro órgano del Estado, y más específicamente al Poder Judicial, correspondiendo al Ministerio Público probar dichos extremos”, dijo Paniagua, desentendiéndose de evaluar otros elementos como el de las facturas falsas.

El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) también trató de defender a su correligionario, diciendo que “ninguna administración es perfecta”. Trató de negar también la existencia de irregularidades, diciendo que como máximo las observaciones de Contraloría son sugerencias para “corregir”.

Moneda de cambio

Ningún respaldo es gratis, y si bien evidentemente los términos del apoyo a Hugo Javier no son admitidos públicamente, se menciona de que ya se negoció la mesa directiva del próximo año en Cámara de Diputados, así como algunos proyecto de Ley de interés para ambos sectores.

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En la sesión de hoy por ejemplo adelantaron la elección de defensor del Pueblo Adjunto, un escollo para el oficialismo colorado, que ha fracasado en dos ocasiones previas en la designación de su candidato, Rafael Ávila. También el Ejecutivo hace tiempo está pendiente de la aprobación de un préstamo de US$ 43 millones para el censo 2022.