Este martes, en Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, cayeron dos hombres que se hacían pasar por miembros del EPP para extorsionar a menonitas de la zona, según informó Omar Acosta, corresponsal.
El operativo fue desarrollado con la Fiscalía y agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía quienes allanaron una vivienda en la que fue detenido Marco David Silva Duarte, de 19 años. El otro involucrado en el hecho es su hermano Emanuel Silva Duarte, de 20 años, quien se encuentra recluido en la Penitenciaría de San Pedro.
Llamadas extorsivas desde la cárcel
Según explicó el fiscal José Godoy, las llamadas extorsivas se hacían desde la cárcel de San Pedro y jóvenes que se encontraban fuera se encargaban de entregar los panfletos.
Reiteró que para identificar a los extorsionadores se realizó un trabajo de inteligencia. El hoy detenido era quien entregaba los panfletos a los colonos. Además, señaló que el interno de la cárcel regional sería quien hacía las llamadas extorsivas.
Como uno de los involucrados es recluso en la penitenciaría, con apoyo del Ministerio de Justicia se realizó un cateo en dicha institución, en busca del teléfono celular desde el que se hacían las llamadas. “Uno fue detenido, el otro ya estaba luego detenido, que sería su hermano, que ya estaba luego en la penitenciaría (sic)”, dijo el fiscal.
Se hacían pasar por el EPP
Los hombres llamaban a los menonitas y luego entregaban panfletos exigiendo importantes sumas de dinero en dólares como pago el “impuesto revolucionario” y con la amenaza de ejecutar a sus familiares de no entregar el dinero. “No se llegó a pagar ninguno, fueron tres hechos al menos. Se estuvo trabajando mucho, hubo entregas controladas que no se llegaron a realizar. Son hechos que afectan mucho a la zona”, acotó.
Por su parte, el subcomisario Luis Villalba, de la Dirección de Antisecuestros de la Regional San Pedro, resaltó que el operativo y la detención del involucrado en el caso se dio tras un trabajo de inteligencia que conllevó al menos unos seis meses. Indicó que con la verificación de datos técnicos pudieron determinar que las llamadas extorsivas se hacían desde la cárcel.
Comentó que los panfletos iban con el nombre de las víctimas y la sumas solicitadas iban desde los US$ 50.000, US$ 100.000 y más, de acuerdo a cuánto podían pagar las víctimas.