Condenas por corrupción no se ejecutan por acciones pendientes en la Corte

El informe emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la mora judicial, la corrupción y la impunidad endémica motivó al ministro de la Corte Manuel Dejesús Ramírez Candia a reflotar un proyecto de acordada que establece plazos para la integración de las salas de la máxima instancia judicial y la emisión de votos por parte de sus miembros, sobre todo en la Sala Constitucional.

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El integrante de la Sala Penal había planteado dicho proyecto en el 2019, junto al ministro Eugenio Jiménez Rolón, atendiendo que los principales factores que causan la mora judicial son el excesivo retraso a la hora de integrar las salas de la Corte y la emisión de los votos para dictar las resoluciones, sobre todo en las acciones de inconstitucionalidad.

Cuestionó que son varios los jueces de Ejecución que no ejecutan las sentencias condenatorias, alegando la existencia de acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Dijo que este argumento es una “excusa que no tiene respaldo normativo” y afecta la imagen del Poder Judicial.

Condenas sin ejecución por acciones pendientes

Anoche en el programa Expediente Abierto, emitido por ABC los domingos de 19:00 a 20:00, se dio a conocer la lista de condenas por casos de corrupción pública que no se ejecutan, por acciones planteadas ante la Corte.

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Encabeza el listado el caso del exministro de Educación y Ciencias Luis Alberto Riart, condenado a 3 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza en la compra sobrefacturada de un edificio para el MEC durante su gestión en la institución.

El recurso de casación de la defensa se resolvió en marzo de 2022 y la ejecución de la sentencia está a cargo de la jueza Sandra Silveira. Sin embargo, está pendiente una acción de inconstitucionalidad que planteó Riart.

Otros casos de condenas por corrupción sin ejecución

Otra condena pendiente es la que se dictó contra la exministra de Emergencia Nacional Gladys Cardozo, sentenciada a 2 años con suspensión de la ejecución, por la compra de víveres por contratación directa, con la que se ocasionó un daño por G. 2.500 millones a la SEN.

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También están pendientes de ejecución las condenas a 4 años y 8 años de cárcel, en ese orden, en contra del excomandante de la Policía Francisco Alvarenga y el exsuboficial Roberto Osorio, por el negociado con los vales de combustible. Existe una acción pendiente en la Sala Constitucional.

Otra condena que sigue sin ejecutarse por una acción pendiente es la de 4 años de cárcel para Gloria Giménez, exdirectora del Centro Nacional de Vacunas, por el caso de las vacunas vencidas durante su administración.