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La fiscala Estefanía González imputó este lunes al extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, como también a dos ex viceministros de finanzas del MOPC, Martha Regina Benítez y Alcides Alcaraz, por lesión de confianza en el caso proyecto metrobús del gobierno de Horacio Cartes.
En febrero pasado, la agente del Ministerio Público realizó la indagatoria a los denunciados por lesión de confianza; de esta forma se evitó que la causa prescriba. Con esta diligencia, prevista en el código penal, se ganó cinco años más para seguir con las investigaciones del caso.
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La imputación sostiene que Jiménez Gaona, en su carácter de ministro, “no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos”.
En otro apartado, el documento señala que “en el año 2018 cuando se dio el cese de construcción por parte de la empresa contratista la administración de Ramón Jiménez Gaona no contaba con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo así como tampoco de la Municipalidad de Asunción”.
Finalmente, el escrito explica que estos y otros hechos descritos “constituyen en principio, elementos de sospecha suficiente sobre la existencia del hecho y participación de los imputados en el mismo”.
En mayo se cumplirán 5 años de la primera denuncia
El 28 de mayo de 2018, el Ing. Hermann Pankow, presentó la primera denuncia penal sobre el caso del fallido metrobús en el Ministerio Público, en representación de los frentistas que se vieron perjudicados por la obra.
Durante la administración de la exfiscal general, Sandra Quiñónez, no hubo ni un solo imputado ni tampoco avances en las investigaciones.
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Los números del fracasado Metrobús
En febrero de 2016, se anunció la adjudicación de los tramos 2 y 3 del proyecto metrobús (ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) a la empresa portuguesa Mota Engil, una de las obras más “emblemáticas” del gobierno de Horacio Cartes, por US$ 54 millones. Luego de firmar el contrato, resolvieron que el proyecto debía incluir más obras como el cableado subterráneo y así, sin más, autorizaron un incremento del 35% el monto del contrato, que trepó a US$ 72,7 millones.
Recién en noviembre de ese año pudieron arrancar las obras y partir de ese momento empezó el suplicio para la población afectada, que advirtió desde el principio que la institución debía liberar primero la franja de dominio para iniciar con las obras. Pero desoyeron todas las advertencias y de forma chapucera intentaron avanzar con los trabajos.
Lo concreto es que el MOPC pagó unos US$ 20 millones en consultorías, supuestas fiscalizaciones y estudios afines, además de US$ 30 millones entregados a Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo que debía ejecutar. Como si eso fuera poco, la empresa portuguesa en un arbitraje está reclamando otros US$ 25 millones, por los supuestos daños que le causó la obra.
En agosto de 2018, Arnoldo Wiens asumió como ministro del MOPC y se encontró con la sorpresa de que Mota Engil remitió una nota donde comunicó la suspensión de los trabajos. En octubre de ese mismo año, la firma portuguesa abandonó las obras y alegó que ya no podía continuar con la ejecución del plan.
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