Desfalco al Indert: prisión para exdirector del Fides

El juez Humberto Otazú dispuso la prisión preventiva para Santiago Vicente Ochipinti Beterette, exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, procesado por lesión de confianza en un caso de desfalco de G. 418 millones a la entidad rural. Junto a este hay un fiscal de Choré y otras cinco personas imputadas por el fiscal Silvio Corbeta.

Santiago Vicente Ochipinti Beterette.
Santiago Vicente Ochipinti Beterette.

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Por medio del AI N° 250, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dictó la prisión preventiva para el imputado por lesión de confianza Santiago Ochipinti Beterette, de 60 años, exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

La medida cautelar fue resuelta por el magistrado, tras sustanciarse la audiencia de imposición de medidas para Ochipinti Beterette, quien deberá guardar reclusión en la Unidad Penitenciaria La Esperanza, donde precisamente se encuentra preso cumpliendo una condena de 3 años por lesión de confianza en perjuicio del Indert.

Junto con Ochipinti, también fue imputado por el fiscal Silvio Corbeta el fiscal de Choré (San Pedro), Florencio Pereira Rodas (58), como coautor y para quien solicitó el desafuero ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

También a Miryan Nancy Giménez De Pereira (56), presidenta de la organización “Desde abajo hacia un desarrollo íntegro social” (Dadis), cuyo tesorero entonces era Florencio Pereira, así como Abel Ricardo Florentín Serafini (32) y Arnaldo Andrés Riveros Paredes (34), presidente y tesorero, respectivamente, de la “Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios” (Asovservic).

Además de Roberto Ramón Ayala Hornung (64) y Patricia Gómez de Ayala (65), director ejecutivo y tesorera, respectivamente, de la fundación “Madre Tierra”. El fiscal atribuyó a los mismos la coautoría en los hechos y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.

La investigación que data del 2016 se inició a raíz de la firma de convenios entre el Fides del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y las citadas asociaciones que ocasionaron un perjuicio de G. 418.522.196 al ente.

Primer caso de perjuicio contra el Indert

Los datos señalan que el 15 de abril de 2015, la docente jubilada Miryan Nancy Giménez de Pereira, como presidenta, y el actual fiscal Florencio Pereira, como tesorero, de la organización “Desde Abajo hacia un Desarrollo Integro Social” (DADIS), solicitaron al Indert la financiación de proyectos de abastecimiento de agua potable destinados a las comunidades “Segunda Linea”, “Tercera Línea” (Agüerito), “3 de Febrero” y “10 de Agosto” del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

El planteamiento fue aprobado por resolución Nº 2.250/15 del 14 de julio de 2015, siendo suscrito por el entonces presidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, por un monto de que ascendió a la suma total de G. 1.532.590.052.

El 13 de agosto de 2015 se llevó a cabo la transferencia, correspondiente al 50% de los fondos totales a la DADIS, consistente en la suma de G. 766.295.026. Luego, el 27 de diciembre de 2016 se desembolsó el restante 50% del monto total del presupuesto, consistente en G. 766.295.026.

Tras el segundo desembolso, funcionarios del Fides-Indert verificaron las obras y constataron que los sistemas de abastecimiento de los asentamientos “Segunda Línea Agüerito”, “Tercera Línea Agüerito”, “3 de Febrero” y “10 de Agosto” de Santa Rosa, de San Pedro estaban incompletos, sin conexión domiciliaria y sin funcionar.

Las pericias realizadas por el Ministerio Público detectaron daños patrimoniales y, en relación al asentamiento “3 de Febrero” se determinó una diferencia de G. 149.213.247; en relación a la “Segunda Línea Agüerito” se constató una diferencia de G. 105.216.424; en cuanto al sentamiento “Tercera Línea Agüerito” se señaló una diferencia de G. 214.080.890, y sobre el asentamiento “10 de Agosto”, una diferencia de G. 215.338.863, totalizando el perjuicio causado G. 683.849.514, resultante de las sumas entregadas.

Desfalco por la Asociación

En cuanto a la Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios (Asovservic), el 24 de septiembre de 2014, Abel Ricardo Florentín Serafini, como presidente, y Arnaldo Andrés Riveros Paredes, como tesorero de la asociación citada, solicitaron al Indert la financiación de proyectos de agua potable para las comunidades de “Segunda Linea Takuru Pytã”, “Niño Salvador Barrientos Cué” y “Tercera Línea Irrazábal Norte”, del distrito de Repatriación del departamento de Caaguazú.

El monto total presupuestado para las obras fue de G. 1.198.288.157, en principio se hizo la transferencia del 60% de dicha suma el 29 de mayo 2015 por G. 718.972.894. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2015, se generó la segunda entrega del dinero consistente en la suma de G. 479.315.263, correspondiente al 40% restante.

Después, funcionarios del Fides-Indert también llevaron a cabo una verificación de las obras y determinaron que los costos contractualmente establecidos, si bien totalizaron la suma de G. 1.198.288.157, con relación al asentamiento Takuru Pytã hubo una de G. 85.802.106; en relación al asentamiento Niño Salvador la diferencia fue de G. 31.804.685, y sobre el asentamiento Irrazábal la diferencia determinada fue de G. 81.886.555 Gs., totalizando un perjuicio de G. 199.493.346.

Obras perjudiciales por la organización Madre Tierra

En cuanto a la organización “Madre Tierra”, el 30 de octubre de 2014, Roberto Ayala Hornung, presidente de esta, presentó proyectos para dotar de un sistema de distribución de agua potable a las comunidades de “8 de Diciembre” del distrito de Paso Yobái y “San Blas” de Independencia, ambas del departamento de Guairá. El monto presupuestado para el proyecto ascendió a G. 852.953.086.

Es así que el 31 de julio de 2015 se llevó a cabo la transferencia del 50% del presupuesto establecido, consistente en la suma de G. 426.476.54. El 8 de enero de 2016 se realizó la segunda entrega, por el mismo monto.

Más tarde, la pericia realizada concluyó que, en relación al asentamiento 8 de Diciembre hubo una diferencia de G. 25.369.943, y en relación al asentamiento San Blas se detectó una diferencia de G. 44.445.660, causando de esta forma un perjuicio total de G. 69.815.603.

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