El Estado adeuda por tierras expropiadas más de G. 663.000 millones (US$ 89 millones) y para su pago el próximo año, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tiene presupuestado G. 12.600 millones.
Uno de los temas tratados en sesión de la Cámara de Senadores fue la modificación de un artículo de la Ley 5453/2015 que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional, de pedido de informes. Varios legisladores coincidieron en que debería de existir sanciones para las instituciones del Estado que no presenten los pedidos de informe de cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional.
El juez Humberto Otazú dispuso la prisión preventiva para Santiago Vicente Ochipinti Beterette, exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, procesado por lesión de confianza en un caso de desfalco de G. 418 millones a la entidad rural. Junto a este hay un fiscal de Choré y otras cinco personas imputadas por el fiscal Silvio Corbeta.
El Indert remitió al Senado un dictamen donde manifestó su posición desfavorable al proyecto (ley vigente N° 7083/23), impulsado por el senador Basilio “Bachi” Núñez, por el cual se despojan 1.808 hectáreas de la finca 916 del Ministerio de Defensa. Según el ente agrario, esa fracción de tierras públicas es parte de un área silvestre protegida. Además, la institución no tiene recursos para la desafectación tal como establece la Ley N° 5387/2014.
Según detalló hoy el juez José Villalba -quien formó parte de la comitiva de autoridades que se constituyó esta semana en la Finca 916 de Villa Hayes-, algunas personas que están ocupando estos terrenos del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), alegaron contar con documentos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para estar en la zona.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Francisco Ruiz Díaz, señaló que no hay registros dentro de la institución de que se haya otorgado certificados de ocupación a los empresarios y políticos asentados ilegalmente sobre tierras del Ministerio de Defensa Nacional en el departamento de Presidente Hayes.