Juez se opone a salidas procesales para policía y funcionaria municipal acusadas de pedir coima

El Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos se opuso a las salidas procesales para una suboficial de la Policía Nacional y una funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, para quienes el Ministerio Público había solicitado primeramente juicio oral, pero luego se allanó a los pedidos de las defensas de las procesadas por presunta coima y otros delitos. El caso queda ahora a cargo de la Fiscalía General.

La funcionaria de la municipalidad de San Lorenzo Mabel Corvalán (der.) ante el fiscal Leonardi Guerrero.
La funcionaria de la municipalidad de San Lorenzo Mabel Corvalán (der.) ante el fiscal Leonardi Guerrero.MARCIA FERREIRA

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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás imprimió trámite de oposición a la suspensión condicional del procedimiento y el procedimiento abreviado para la suboficial de la Policía Nacional Nilsa Evelin Morel Giménez; y la funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, Mabel Corvalán Achucarro, tras la audiencia preliminar que se sustanció este lunes en el proceso por supuesta coima y otros hechos.

El fiscal Leonardi Guerrero ratificó, al inicio de la diligencia, la acusación en contra de ambas procesadas por la presunta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documento públicos de contenido falso y cohecho pasivo agravado (coima).

Sin embargo, ante el planteamiento de las defensas el agente del Ministerio Público se opuso al pedido de suspensión condicional del procedimiento, pero se allanó al procedimiento abreviado para la funcionaria municipal; también se opuso a la suspensión condicional del procedimiento a favor de la agente policial.

Delmás analizó los planteamientos y resolvió imprimir el trámite establecido en el artículo 358 del Código Procesal Penal para ambas procesadas; por lo que el caso quedará a cargo de la Fiscalía General del Estado, que debe ratificar la postura del fiscal Leonardi Guerrero o presentar acusación.

Abogada denunció presunto esquema de coima

Según la acusación fiscal señala que las procesadas formarían parte de un esquema que emitía irregularmente certificados de vida y residencia falsos, documento exigido a los contribuyentes para la renovación del registro de conducir.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada ante el Ministerio Público el 4 de abril pasado por la abogada Carol Flores Imas, de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de San Lorenzo,por la supuesta comisión de presuntos hechos punibles dentro de la comuna por parte de funcionarios no identificados.

Las funcionarias habrían obtenido certificados de vida y residencias falsos y otros requisitos exigidos para expedir renovación de registro de conducir instalándole sellos respectivos de la Policía Nacional a cambio de pagos de sumas de dinero que no se hallan dentro del arancel municipal para dicho efecto, siempre de acuerdo con la acusación.

Según los datos, ante consultas de los contribuyentes en ventanilla acerca de los requisitos para acceder a la renovación, Mabel Corvalán les informa sobre la necesidad de presentar examen de vista y oído, expedido por la municipalidad local, informe de primeros auxilios, expedidos por Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo y Certificado de Vida y Residencia, expedidos por la Policía Nacional.

Coima para agilizar documentos falsos, según Fiscalía

La acusación señala que posteriormente, la funcionaria ofrece la obtención de certificado de vida y residencia para “agilizar” el trámite, a cambio de un pago de 25 o 30.000 guaraníes. Tras la anuencia del contribuyente, Corvalán le solicita su cédula de identidad, le quita fotos de ambos lados con su celular y posteriormente las envía a la suboficial Nilsa Morel, quien prestaba servicios en el puesto policial 24 de Junio de San Lorenzo.

“Esta al recibir la foto en su celular, procede a elaborar los respectivos certificados de vida y residencia y para completar los requisitos exigidos, tales como datos de testigos y el domicilio del contribuyente interesado en renovar su registro de conducir, recurre al archivo de datos de la Policía Nacional de donde quita la información de los supuestos testigos y lo asienta en el certificado de vida y residencia”, señala Guerrero en su acusación.

“Hecho el certificado de vida y residencia, Nilsa Morel remite de nuevo a Mabel Corvalán el Certificado de vida y residencia y esta a su vez agrega al legajo conformado, completando de esa manera los requisitos exigidos para expedir renovación del registro de conducir al contribuyente. Una vez conformado el legajo, Mabel Corvalán llama al contribuyente y lo hacer firmar el certificado de vida y residencia remitido por Nilsa Morel, y a cambio recibe la suma de 25 o 30.000 por parte del contribuyente. Posterior a esto, el contribuyente paga en caja el arancel por renovación de registro de conducir y finalmente recibe el carnet renovado en propias manos”, explica la acusación.

El esquema quedó al descubierto con la investigación realizada por el fiscal Guerrero, que constató la falsedad de los datos consignados en la documentación entregada a una contribuyente, cuyo testimonio es ofrecido en el requerimiento conclusivo contra ambas acusadas, que en sus respectivas declaraciones ante el Ministerio Público admitieron los hechos investigados.

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