12 de junio de 2026

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) recibió este jueves el pedido de desafuero de la jueza de Liquidación y Sentencia Librada Beatriz Peralta Céspedes, de Pedro Juan Caballero, imputada por supuestamente falsificar documentos para aumentar su puntaje en concursos del Consejo de la Magistratura. Otros cinco procesados fueron convocados por el juzgado para la imposición de medidas.

El Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos se opuso a las salidas procesales para una suboficial de la Policía Nacional y una funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, para quienes el Ministerio Público había solicitado primeramente juicio oral, pero luego se allanó a los pedidos de las defensas de las procesadas por presunta coima y otros delitos. El caso queda ahora a cargo de la Fiscalía General.
El Ministerio Público presentó acusación por presunta apropiación y pidió elevar a juicio oral la causa penal que afronta Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz (43 años), hijo de una jueza y considerado como hombre de confianza del condenado a 15 años de cárcel por usura y otros hechos punibles Ramón Mario González Daher. El acusado está prófugo y con orden de captura desde el pasado mes de julio.

El fiscal Leonardi Guerrero apeló hoy el sobreseimiento definitivo de los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy del proceso por supuesta lesión de confianza y estafa, que causó un perjuicio de G. 3.700 millones. Para la fiscalía, la decisión del tribunal que decretó operada la prescripción simple de la causa premia las chicanas planteadas por las defensas.

Desde la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” señalan que el Ministerio Público tiene la obligación de presentar apelación contra el sobreseimiento definitivo de los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy. Aseguran que el presunto desvío de unos G. 3.700 millones no puede quedar en el “oparei”.

El fiscal Leonardi Guerrero manifestó su satisfacción por la condena de dos exaltos funcionarios del Indert por coima y otros hechos punibles. El abogado defensor Alvaro Arias dice que el fallo debe ser anulado por incongruente.