Cámara confirma proceso por presunta “tragada” en Municipio de Quyquyhó

La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución del Juzgado de Garantías que procesó a la esposa del diputado cartista Esteban Samaniego e intendenta del distrito de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros imputados por el presunto desvío de G. 338.595.000, entre los años 2011 y 2017, de los fondos del municipio paraguariense. En esta causa también fue imputado el parlamentario colorado, pero el mismo sigue blindado por sus colegas de la Cámara Baja.

Patricia Corvalán (de pie), intendente de Quyquyhó, procesada por presunta administración en provecho propio y asociación criminal. A su izquierda, su esposo Esteban Samaniego, diputado por el Partido Colorado.
Patricia Corvalán (de pie), intendente de Quyquyhó, procesada por presunta administración en provecho propio y asociación criminal. A su izquierda, su esposo Esteban Samaniego, diputado por el Partido Colorado.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó las resoluciones del juez de Garantías Humberto Otazú, y ratificó el proceso penal en contra de la intendenta de Quyquyhó Patricia Adriana Corvalán, esposa del diputado colorado Esteban Samaniego; y otros tres imputados por presunta administración en provecho propio y asociación criminal.

Las defensas de los procesados habían planteado recursos de reposición con apelación en subsidio contra la providencia del 11 de diciembre de 2023, dictada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, admitiendo la imputación y dando apertura al proceso penal que investiga un presunto desvío de G. 338.995.000 de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.

Mediante las chicanas planteadas, los imputados lograron suspender la audiencia de imposición de medidas que el juzgado había fijado para el 20 de diciembre de 2023. Argumentaron que la imputación es nula porque no reúne los requisitos para ser admitido por el Juzgado Penal de Garantías, debido a que no explica cómo los investigados cometieron los supuestos hechos punibles imputados.

Con la resolución del Tribunal de Alzada, integrado por los camaristas Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias Maldonado, el Juzgado de Garantías tiene vía libre para fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas y analizar el pedido del fiscal de Delitos Económicos Silvio Corbeta Dinamarca, quien requirió medidas alternativas a la prisión para los 23 imputados en la presente causa.

Millonaria “tragada” salpica al diputado Esteban Samaniego

Según la imputación fiscal, Esteban Samaniego se desempeñó como intendente de la Municipalidad de Quyquyhó entre los 2011 y 2017, y en ese periodo habría efectivizado cinco cheques, totalizando la suma de G. 67.595.000, correspondientes a fondos de royalties y de los fondos de juegos de azar de la comuna.

Por su parte, Patricia Corvalán habría efectivizado sumas de dinero por valor de G. 117.500.000 que debieron destinarse a la financiación de proyectos de infraestructura, educación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. En total realizó cinco retiros de dinero entre 2014 y 2016.

De la misma forma habrían actuado Blanca María Álvarez Viuda de Samaniego y el suboficial Cristian Daniel Domínguez, quienes entre el 2011 y 2017, supuestamente efectivizaron a través de la cuenta corriente de Municipalidad de Quyquyhó por medio de cheques y así, presuntamente, retiraron sumas millonarias de dinero, con órdenes de pago a las empresas allegadas, comisiones vecinales y entidades privadas cercanas a Esteban Samaniego.

El Ministerio Público detalla que el entonces intendente de Quyquyhó, Damián Galarza, realizó el retiro de G. 40.000.000, mientras que la madre Blanca Álvarez viuda de Samaniego retiró la suma de G. 20.000.000, el custodio de Samaniego, Cristian Domínguez, efectivizó la suma de G. 93.500.000, mientras que la esposa y actual intendenta Patricia Corvalán efectivizó G. 117.500.0000 y Esteban Samaniego, G. 67.595.000, lo que totalizó un perjuicio de G. 338.595.000, según fiscalía.

Empresas vinculadas a diputado Samaniego

El cuñado de Samaniego, Damián de Jesús Galarza, efectivizó cheques a través de la cuenta correspondiente a los royalties de la Municipalidad de Quyquyhó, por medio de hojas de cheque del Banco Nacional de Fomento (BNF) la suma de G. 40.000.000, que en el endoso tenían la firma de Galarza y fueron libradas a la orden de la firma “BH Service SRL” por la construcción de entubado y puente.

La empresa “BH Service SRL” habría proveído de todo tipo de servicios como obras, construcciones, proveedor de almuerzos escolares, limpieza, entre otros servicios. Esta es propiedad de Andrés Arrúa, amigo personal de Samaniego.

Sobre Arrúa, señala la imputación fiscal que cobró cheques en representación de la empresa “BH Service” y también de Estación de Servicios Saniel, Legión de Servicios SA, J.A. Construcciones y el Consejo de Salud de la Municipalidad. Igualmente, cobró honorarios profesionales de la asesoría realizada a la comuna por el contratado Benigno Villasboa, que aparece vinculado a su vez a las firmas “Legión de Servicios SA” y “JA Construcciones”.

Siguiendo el esquema figura el padre de Andrés Arrúa, Andrés Fulgencio Arrúa, quien adquirió la firma “BH Service” y en ese sentido también participó en varios contratos con la Municipalidad de Quyquyhó por la provisión de servicios.

En tanto que Nelson Fleitas Fleitas, un exempleado, contador, administrador y apoderado de “BH Service”, además de propietario de “LM Construcciones”, también habría cobrado cheques de las firmas “JA Construcciones” sin que haya tenido vinculación con esta sociedad.

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