23 de julio de 2026

El juez Humberto Otazú apercibió a los abogados Rodrigo Yódice y Edward Frederich Armas Godoy, quienes intervienen en el proceso que investiga el desvío de G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó y donde están acusadas; la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado cartista Esteban Samaniego y Blanca Álvarez, madre del parlamentario.

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) levantó la suspensión provisional en un local de votación de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Quyquyhó, Paraguarí, tras corroborar que los materiales electorales no fueron alterados.

El diputado Esteban Martín Samaniego (ANR-HC), se presenta como “líder indiscutible en Quyquyhó”; sin embargo, hace años se aferra a sus fueros parlamentarios para evitar rendir cuentas por su pésima gestión en su era como intendente. Su esposa Patricia Corvalán, actual jefa comunal, está acusada y aquí te contamos las innumerables chicanas que presentó para evitar ir a juicio oral.

La intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC) y la precandidata a intendente Mercedes Medina se jactaron en las redes sociales de la construcción de una pieza de dos metros por dos, con ladrillo hueco, sin revocar, con techo de chapa para un adulto mayor. La choza fue considerada como un “hogar seguro” por las cartistas y fue financiado con recursos de los contribuyentes, pero utilizado para hacer proselitismo a dos semanas de las internas.

El diputado cartista Esteban Samaniego suma otro hecho de violencia en su carrera política. Anoche se vio involucrado en un moquete en que su escolta golpeó a un hombre luego de un roce de vehículos en el distrito de Quyquyhó. Hasta este mediodía no se radicó ninguna denuncia, pero sí existe un memo policial que describe la pelea.

Indefectiblemente la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, deberá concurrir a su audiencia preliminar, pues fueron rechazadas todas las chicanas que presentó para dilatar el proceso judicial por una presunta “tragada” de G. 1.108 millones.