Berilo 2.0: Corte rechaza habeas corpus y supuesto socio de “Cucho” seguirá preso

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un habeas corpus reparador pressentado a favor de Óscar Adrián Monges, propietario o de la firma “Neos Import & Export” y uno de los procesados en la causa abierta a partir del Operativo Berilo. El hombre sería socio del acusado Reinaldo Cucho Cabaña Santacruz, sindicado como líder de una organización dedicada al narcotráfico.

Intervención a local de venta de celulares vinculado a Neos, propiedad de Óscar Adrián Monges.
Intervención a local de venta de celulares vinculado a Neos, propiedad de Óscar Adrián Monges.

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Óscar Adrián Monges, propietario de la firma “Neos Import & Export y uno de los procesados en la causa penal abierta a partir del operativo Berilo, seguirá preso, resolvió hoy la sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.

Monges, quien lleva preso 2 años y 11 meses, fue incluido en la causa abierta a partir del operativo “Berilo 2.0″, consistente en la segunda parte de la investigación relacionada a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña por narcotráfico. Tras permanecer casi dos años prófugo, el empresario se presentó y su prisión fue decretada el 26 de febrero del 2021.

El habeas corpus reparador a favor de Monges fue presentado por los abogados Hugo Ramón Núñez Ortiz y Paolo Castiñeira quienes argumentaron que la medida restrictiva de libertad que tiene su defendido es “ilegítima”, es ilegítima, debido a la demora -por parte del juzgado penal de Garantías- en resolver un incidente de cambio de calificación interpuesto por la defensa.

Los letrados alegan que, de ser viable dicha incidencia, a la fecha estaría sobrepasando el tiempo establecida para los que correspondería a la pena mínima hechos, circunstancia que -en sus palabras- implica que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada.

Ministros de la CSJ afirman que no hay privación ilegítima de libertad

“En este caso, el hecho punible más grave es el previsto en el Artículo 42 de la Ley 1340/88, que prevé una pena mínima de cinco años de privación de libertad. De este modo, al observar la fecha en que fue dictada la prisión preventiva -26 de febrero de 2021- y el tiempo trascurrido hasta la petición del hábeas corpus -29 de enero de 2024-, se advierte que la pena mínima, para el hecho punible más grave acusado, no se ha superado”, explica el ministro Jiménez Rolón.

A su vez, el ministro Luis María Benítez Riera afirmó que no existe privación ilegítima de la libertad debido a que la misma fue decretada por orden judicial de juez competente, en el marco de una causa penal. “En consecuencia no existe ilegalidad ni irregularidad alguna respecto al régimen de privación de libertad que soporta Óscar Adrián Monges”, concluyó.

“El mecanismo del habeas corpus se prevé como un correctivo de arbitrariedades que afectan directamente a la persona humana y que no admite dilaciones, requiriendo una especial atención del órgano jurisdiccional. Ahora bien, no debe ser considerado como un medio impugnaticio de resoluciones judiciales”, argumentó Benítez Riera.

Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia se adhirió al voto de ministro Jiménez Rolón, en el sentido de rechazar el habeas corpus presentado.

Empresario fue imputado tras el Operativo Berilo 2.0

El Operativo Berilo 2.0 se llevó a cabo el 10 de diciembre del 2021 y consistió en un total de 16 intervenciones, entre allanamientos y constituciones en empresas y estudios contables de Ciudad del Este y Hernandarias, vinculados como proveedores y clientes de la firma “Neos Import-Export SA”. Es a causa de las inconsistencias constatadas, pues en 2016 se detectó el envío de US$ 80 millones a distintos países del extranjero, pero dirigidos a una misma firma que importó productos cosméticos y electrónicos por valor de US$ 400.000 en el mismo periodo.

Las comitivas se constituyeron en las distintas empresas ligadas a Neos para recabar evidencias y documentos, dentro de la “Operación Berilo 2.0- Dismember”, con la que se busca desarticular el esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, ligado a la organización liderada por Reinaldo “Cucho” Cabaña, que fue desmantelada en 2018 con la “Operación Berilo”.

El vínculo entre Monges y Cucho dio pie al “Operativo Berilo 2.0″, derivado de la pesquisa principal centrada en Cucho y el patrimonio que ostentaba. Además, mediante documentos incautados en 2018 se constató que Cabaña aportó capital para Neos, que se disolvió tras su detención.

Exdiputado, policías y asistentes fiscales entre los acusados del caso Berilo

El operativo Berilo, implementado para desarticular una organización dedicada supuestamente al tráfico internacional de drogas, fue ejecutado en Ciudad del Este el 6 de setiembre de 2018, con más de 20 allanamientos en forma simultánea, durante los cuales incautaron más de 23 vehículos, todos de alta gama, a más de 21 kilos de cocaína y unos US$ 800.000.

Estos operativos estuvieron a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), encabezados por la fiscala Lorena Ledesma.

Las investigaciones arrastraron al político colorado, en ese momento diputado (ANR) por el departamento del Alto Paraná Ulises Quintana. De acuerdo con los agentes de la Senad, esta estructura criminal llegó a amasar millones de dólares con el envío de cargamentos de drogas, cocaína en cargas de mediana envergadura hacia los mercados brasileños, utilizando las mismas rutas que los cigarrillos.

La acusación presentada contra Cucho Cabaña Santacruz es por los presuntos hechos de tráfico internacional y comercialización de drogas, asociación criminal y lavado de dinero, y en contra del exdiputado Quintana es por presunta asociación criminal de la ley de drogas y supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Asimismo, hay una veintena de acusados por el caso, entre los que se encuentran agentes policiales y asistentes fiscales.

El Ministerio Público afirma que la organización liderada por Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia que luego eran trasladados al departamento del Alto Paraná y de allí enviados al Brasil.

La Fiscalía sostiene que la campaña política de Quintana fue financiada por Cabaña Santacruz, con el dinero fruto del narcotráfico, para acceder al cargo en la Cámara de Diputados. El objetivo de este apoyo era que el acusado utilice su investidura parlamentaria, las veces que fuera necesaria, para que la organización criminal liderada por Cucho ejecute, sin dificultad, sus actividades ilícitas, siempre de acuerdo con la acusación.

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