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En la última sesión de la Junta Municipal de San Juan Nepomuceno una mayoría de concejales colorados, encabezado por el presidente Roberto Rolón, votó por la aprobación de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023 del intendente Derlis Molinas (ANR-HC). Otros ediles, todos colorados cartistas, que apoyaron la presentación de jefe comunal son Ana Gamarra, Evans Dimitrópulos, Venancio Cabrera, Cheli Huttel, Ismael Velázquez, Erico Ferreira, además de Gertrudis Morel de Vergara (Aliancista).
Los ediles que votaron por el rechazo son los aliancistas del PLRA Ireneo Ortigoza, Elvio Benítez y Édgar Molinas, además del colorado abdista Aníbal Silvero Rivas.
El concejal Ireneo Ortigoza explicó que el motivo de su dictamen por el rechazo de la rendición de cuentas del intendente Derlis Molinas es la inconsistencia entre el ingreso y egreso. La disponibilidad de dinero en las cuentas corrientes de la comuna indican un presunto faltante de aproximadamente G. 300.000.000.
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El edil opositor explicó además que las presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria del año pasado son diversas, pese al excelente “trabajo de maquillaje” realizado por los funcionarios municipales. Detalló que llama la atención los 8 contratos de construcción de enripiado, que fueron adjudicados en forma directa a la constructora Barreto, de Roberto Barreto. Dos adjudicaciones son para Transportadora Santa Catalina de Porfirio González y una para constructora DES, de César Domínguez. y Carlos Espinola.
La ejecución de los contratos de enripiado por las constructoras de Barreto y Santa Catalina se realiza con máquinas municipales, como la motoniveladora con su propio operador y combustible. También se utilizó la compactadora comunal. Sin embargo, las empresas constructoras cobraron por la totalidad de los contratos, según denunció Ortigoza.
El concejal explicó que el rubro de royalties ascendió a G. 2.110 millones, de los cuales solamente se usaron G. 39.000.000 para refaccionar el local del programa Kunu’û y el resto fue utilizado para los enripiados.
El concejal abdista Aníbal Silvero Rivas explicó que en un taller de mecánica automotriz, propiedad del intendente municipal, trabaja Alejandro Ramírez, quien figura como funcionario municipal y chofer de ambulancia, pero es de conocimiento público que el vehículo de emergencia hace tiempo que fue “archivado” y se encuentra estacionado hace más de un año en el aserradero del intendente.
El taller fue puesto a nombre de Enrique Ramírez, pero sabemos que es del jefe comunal y allí irregularmente se realizan las reparaciones de los vehículos municipales, denunció el edil.
Al ser consultado sobre los cuestionamientos de los concejales opositores y colorado disidente, Molinas dijo que son por cuestiones políticas. Indicó que para la ejecución de las obras de enripiado se utilizan máquinas viales comunales porque es una contrapartida comunal para que el costo por metro cuadrado sea más barato.
Con relación a la ambulancia dijo que no hace falta porque la Gobernación de Caazapá siempre le presta el vehículo de emergencia y el chofer opera la compactadora municipal.