El brutal feminicidio de la joven amazona Jimena Colmán (23) no fue un hecho inesperado ni aislado. Por el contrario, se trató de un crimen precedido por denuncias formales, advertencias claras y una orden judicial que, aunque fue otorgada, no se cumplió.
El fiscal de la causa, Christian Benítez, confirmó que Jimena Colmán denunció a su expareja, Víctor Manuel Cabrera Valiente (46), el pasado 9 de diciembre y solicitó una orden de alejamiento ante el riesgo que representaba. Un día después, el 10 de diciembre, un Juzgado de Paz concedió la medida de protección.
Sin embargo, la orden de alejamiento no fue respetada ni controlada. Según los antecedentes revelados por el Ministerio Público, el 14 de diciembre, apenas un día antes del doble crimen, Cabrera Valiente habría ingresado sin autorización a la vivienda de la víctima. En esa ocasión, amenazó a la pareja y rompió la puerta de una patada, un hecho que evidenciaba una escalada de violencia y un peligro inminente para la vida de Jimena.
Pese a la denuncia, la medida judicial y los antecedentes de amenazas, no se activaron mecanismos eficaces para garantizar la protección de la joven. Al día siguiente, Jimena Colmán fue asesinada junto a su actual pareja, Celso López (29), en un hecho que el Ministerio Público califica como premeditado.
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Principal y único sospechoso sigue prófugo
Actualmente, Víctor Manuel Cabrera Valiente permanece prófugo y con paradero desconocido. El fiscal indicó que manejan información sobre posibles zonas donde podría estar oculto, pero evitó brindar mayores detalles para no entorpecer el operativo policial en curso.
El caso de Jimena Colmán vuelve a evidenciar una realidad reiterada: las órdenes de alejamiento, si no son controladas ni acompañadas de medidas efectivas, se convierten en simples documentos sin capacidad real de proteger a las víctimas. La joven denunció, pidió ayuda y alertó sobre el peligro, pero el sistema falló.