La Policía Nacional dio a conocer este viernes la información sobre la muerte de una niña indígena de 3 años por desnutrición severa. Varias instituciones intervinieron tras lo ocurrido; la fiscal Sandra Díaz anunció la apertura de una causa penal por violación del deber de cuidado respecto a los padres de la niña.
La fiscala de turno, Sandra Díaz, dispuso que los padres de la fallecida, Raquel Pereira Ferreira (18) y Amado Zarate Romero (27), queden en calidad de aprehendidos. La fiscala investiga la presunción de violación del deber de cuidado atribuible a los mismos.
Desde el Ministerio Público informaron que los progenitores de la niña se abstuvieron de declarar y que serán procesados penalmente por el hecho punible mencionado, y no se descarta que se agregue el hecho de homicidio culposo.
También intervino la perito indígena de la Corte Suprema de Justicia en Amambay, Digna Morilla. La funcionaria lamentó lo ocurrido con la niña de 3 años, quien murió de hambre en una comunidad indígena de Amambay.
“Ella murió de hambre, su familia es muy pobre; la niña que murió era la única hija que tenía la pareja. Su mamá dijo que comían solo una vez al día, que había días que desayunaban, otras veces comían solo al mediodía y otras veces solo de noche. Ellos (los padres) de la niña no tenían un trabajo fijo, vivían bajo una carpa y la falla de ellos fue no comunicar a nadie cuando su hija se enfermó”, expresó Morilla.
En otra parte de sus manifestaciones, dio a entender que el único ingreso que generaba el padre de la niña ahora fallecida era producto del trabajo en algún marihuanal, donde se pagaba por día trabajado.
Digna Morilla aclaró que la comunidad donde se registró el triste caso se denomina Takuaguyogue y es habitada por la parcialidad Pãi Tavyterã, con una población aproximada de 250 personas distribuidas en unas 60 familias. La comunidad está ubicada a más de 50 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Propone realizar un aty guasu para debatir la realidad en la comunidad
Digna Morilla expresó que su idea es que se haga un aty guasu (reunión grande) en la comunidad para debatir la realidad de las familias que se encuentran en el lugar denominado Takuaguyogue.
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“Queremos que vayan representantes de todas las instituciones: jueces, fiscales, defensores, encargados políticos de asuntos indígenas. Hay muchas familias que viven en las mismas condiciones que la familia de la fallecida”, indicó Morilla.