El Ministerio de Justicia emitió una resolución firmada por el ministro Rodrigo Nicora, “por la cual se dispone la intervención de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero por el plazo de 30 días; separar del cargo de director al abogado Adán Jesús González Álvarez y designar al abogado Christian Ronald Ortiz Claverol, actual coordinador de Alto Riesgo Penitenciario, como interventor”. La información fue confirmada por el coronel (SR) Rubén Peña, titular de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
Agregó que el director saliente quedará a disposición de la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia, dada la gravedad de lo ocurrido.
Guardiacárceles imputados y con pedido de prisión
El fiscal de Pedro Juan Caballero, Andrés Cantaluppi, formuló este martes imputación contra los guardiacárceles sindicados como sospechosos de hacer desaparecer las cinco armas, propiedad de la Penitenciaría Regional. Los afectados por la acción penal son José Asunción Figueredo Vera, Celso Romei Quevedo Añazco, Eugenio Odilón Silva Vázquez y Venancio González Cáceres.
La figura penal empleada para abrir causa contra los agentes penitenciarios es la de hurto especialmente grave. El representante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva de los imputados, según fuentes del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Amambay.
Sustracción de pistolas de la armería del penal
Según la denuncia y la investigación, el sábado en horas de la noche se reportó la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El domingo en horas de la mañana, el director de dicha dependencia informó a la Fiscalía, pero no a la Policía Nacional. Ya en la tarde del domingo, la cúpula policial se dio por enterada de la situación.
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El lunes último, en horas de la mañana, fueron aprehendidos los cuatro guardiacárceles hoy imputados; ese mismo día, por la tarde, se realizó una requisa durante la que se incautaron drogas peligrosas, bebidas alcohólicas, celulares, armas caseras, decodificadores, transmisores y distribuidores de internet, cajas de sonido, entre otros elementos prohibidos en una población penal.