El juicio oral y público contra el exgerente de una empresa criptominera asentada en Villarrica, Juan Ignacio Marcillo, sufrió una nueva postergación tras otra recusación presentada por la defensa, lo que mantiene paralizado el proceso sin que siquiera se haya resuelto el incidente anterior.
Se trata de la quinta postergación del proceso, sin que hasta el momento se haya podido avanzar en el juzgamiento del acusado, Marcillo, procesado por presunta polución sonora mientras estaba al frente de las operaciones de la empresa Bitfarms en Villarrica.
En esta ocasión, la defensa recusó a los miembros del Tribunal Penal de Apelación que debían resolver una recusación previa contra el Tribunal de Sentencia, generando un nuevo bloqueo en la causa.
El plazo para resolver ese incidente vencía este martes; sin embargo, la nueva presentación paralizó el trámite y derivó el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con este escenario, el proceso judicial vuelve a quedar en un limbo, a la espera de que la máxima instancia judicial se pronuncie sobre la nueva recusación.
El caso ya había registrado anteriormente cuatro suspensiones, en su mayoría motivadas por planteamientos de la defensa técnica del acusado. En una de las últimas dilaciones, se recusó a la totalidad del Tribunal de Sentencia, alegando supuesta falta de imparcialidad de los magistrados Ricardo Gómez, Heber Chamorro y Cristhian Giménez.
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El incidente se produjo luego de que el tribunal rechazara un pedido de prórroga solicitado por un nuevo abogado defensor, quien argumentó necesitar más tiempo para preparar la estrategia. La causa debía ser analizada por el Tribunal de Apelación en lo Penal, pero la nueva recusación presentada ahora vuelve a trabar cualquier avance.
La fiscal Jadiyi Ortiz, encargada de sostener la acusación, ya había advertido que el proceso se encuentra listo para juicio desde hace meses. Según explicó, tanto las pruebas como los testigos están preparados, pero cada suspensión implica reprogramaciones que afectan la dinámica del caso.
Origen del proceso
El proceso tiene su origen en denuncias de vecinos del barrio Santa Lucía, quienes acusaron a una criptogranja de generar ruidos constantes que afectaban su calidad de vida. La empresa involucrada es Bitfarms, que opera en la capital guaireña a través de su subsidiaria D&N Ingeniería S.A.
De acuerdo con los denunciantes, la actividad generó un nivel de ruido continuo durante unos seis meses, que derivó en problemas de salud como estrés e insomnio. Aunque los vecinos sostienen que el nivel de ruido disminuyó con el tiempo, aseguran que la actividad no cesó completamente.
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Según la investigación, en el lugar opera una “granja de criptomonedas” con aproximadamente 16.000 dispositivos que procesan datos y generan criptodivisas las 24 horas del día. Este recinto contaría con su propia subestación eléctrica y equipos de enfriamiento, pero al principio no se tomaron los recaudos correspondientes para la disminución del ruido.
El caso es considerado emblemático en Paraguay, al tratarse del primer proceso penal vinculado al sector de criptominería por presuntos delitos ambientales. En ese contexto, los denunciantes alegan que la acción oportuna de la justicia paraguaya sentará un precedente para futuras regulaciones del rubro.