El juicio oral y público contra Juan Ignacio Marcillo, exgerente de la empresa criptominera Bitfarms, procesado por polución sonora en el barrio Santa Lucía de Villarrica, fue nuevamente suspendido, acumulando ya cuatro postergaciones desde su convocatoria inicial.
En esta ocasión, la dilación se produjo tras la recusación presentada por la defensa técnica contra la totalidad del Tribunal de Sentencia —conformado por los magistrados Ricardo Gómez, Heber Chamorro y Cristhian Giménez—, argumentando supuesta falta de imparcialidad por parte de sus miembros.
El incidente fue planteado luego de que el tribunal rechazara un pedido del nuevo abogado defensor, quien solicitó una ampliación del plazo para preparar la estrategia de defensa tras asumir recientemente la representación del acusado.
La recusación deberá ahora ser analizada por el Tribunal de Apelación en lo Penal, instancia que definirá si hace lugar al planteamiento o lo rechaza, lo que determinará el futuro inmediato del juicio. La agente fiscal Jadiyi Ortiz, quien sostiene la acusación, confirmó que el proceso vuelve a quedar en suspenso a la espera de esta resolución.
Explicó que la causa ya se encuentra preparada desde hace meses para su juzgamiento, con pruebas reunidas y testigos convocados en reiteradas ocasiones. “La preparación del juicio lleva tiempo y cada suspensión implica que los testigos deban reorganizar sus actividades para volver a comparecer”, señaló la fiscal.
El inicio del juicio se había fijado inicialmente para diciembre del año pasado, pero la superposición con otro juicio que involucraba al mismo tribunal y a la misma fiscal forzó su reagendamiento para el 7 de abril de este año. Luego, un cambio de abogados de última hora hizo que se vuelva a postergar para el pasado lunes 20.
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En la tercera fecha, Marcillo compareció sin su defensa técnica y la representación fue asumida por el abogado Andrés Alfonso Acevedo, quien solicitó un plazo extendido para preparar la defensa del acusado. El tribunal rechazó parcialmente dicho pedido y le otorgó un plazo de tres días. Finalmente, el abogado recusó este jueves al tribunal, forzando nuevamente la suspensión del juicio.
Por su parte, vecinos afectados manifestaron su malestar por la falta de avances en el proceso, que ya acumula varias suspensiones desde su elevación a juicio oral.
Uno de los denunciantes, Juan Andrés Bozzano, expresó su frustración por no poder declarar aún ante el tribunal, pese a haber acudido en múltiples ocasiones. Indicó que tanto él como otros vecinos están dispuestos a presentar sus testimonios, convencidos de que la actividad de la criptominera causó un daño significativo a la comunidad.
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Vecinos se levantan contra “criptogranja”
El caso se remonta a denuncias por ruidos constantes generados por una granja de criptominería que opera hasta la fecha en el barrio Santa Lucía de Villarrica, capital de Guairá, afectando la calidad de vida de los pobladores.
La empresa señalada es la transnacional Bitfarms, que opera en Paraguay mediante la subsidiaria D&N Ingeniería SA. Según los denunciantes, si bien el nivel de ruido disminuyó con el tiempo, la actividad no habría cesado completamente.
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La causa es considerada emblemática, ya que se trata del primer proceso en el país contra un responsable del sector de criptominería por presuntos delitos ambientales.
La Fiscalía sostiene que la actividad generó contaminación sonora que afectó la salud de los vecinos, con consecuencias como estrés, insomnio y otros trastornos. Mientras tanto, la reiteración de incidentes procesales y recursos legales continúa retrasando el inicio del juicio.