Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero formularon una nueva imputación en dos causas distintas a la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro y en otra a la ex jueza de Paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Garcete, por los presuntos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, como autoras, en el marco de la causa conocida como mafia de los pagarés.
Dentro de la causa N° 133 que involucra la jueza de paz suspendida Analía Cibils, también fueron imputados los actuarios judiciales de su juzgado Martina Elsa Rivela Santacruz (50) y Ricardo Ramón Cuevas (37), por los supuestos hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, como cómplices.
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En la causa N° 135, junto con Analía Cibils fueron imputados el actuario Ricardo Ramón Cuevas (39), la ujier notificadora Audrey Jazmín Galeano Mora (27) y la representante de la firma PH SA, Thalia Desiree Benítez Faría (32), por supuesto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, como cómplices. En el caso de Benítez Faría, como presunta instigadora del prevaricato.
Por otra parte, en la causa N° 134, junto con Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino fueron imputados los exactuarios Olivia Asunción Mosqueda Núñez (45) y Pablo Matías Cabrera Irigoitia (30), el ex ujier notificador Mariam Adelaida Ortíz Aquino (30), por los ilícitos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
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También son investigados los abogados representantes de la firma Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), Edgar Fabián Ayala Melo (28), Juan Alberto Bogado (42), César Rubén Bogarin Alen (54), y la representante de la empresa Plan Urbano, la abogada Sun Young Bang, están imputado como instigadores de prevaricato, y autores del uso de documentos públicos de contenido falso; y el ex oficial de justicia Víctor Hugo Rotela (41), como autor de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Para cada una de las causas citadas, el Ministerio Público solicitó el plazo de 2 meses para presentar requerimiento conclusivo. Cabe señalar que la causa principal de Analía Cibils ya se elevó a juicio oral y público, también la que involucra a Nathalia Garcete.
Analía Cibils dictó resoluciones en base a informes falsos, según MP
De acuerdo con la nueva imputación, la jueza Analía Cibils habría dictado un total de 38 resoluciones judiciales, en el marco del trámite de 19 expedientes de la firma Global Enterprises, violando de esta forma el principio de igualdad entre las partes, “dado que habría sabido, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fuesen elaborados por la abogada demandante”, señala el escrito.
Para emitir las citadas resoluciones judiciales, Cibils se habría valido de los informes elaborados por ujieres sobre las notificaciones supuestamente hechas por ellos y en los informes de sus actuarios Ricardo Cuevas y Martina Rivela, con el fin de beneficiar a la parte demandante.
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Según la hipótesis de la Fiscalía, Analía Cibils habría actuado conociendo que las citadas notificaciones dirigidas a los demandados no eran diligenciadas por el ujier. “Todo ello lo habría hecho con el conocimiento de que se apartaba de la ley, pero, además, con la clara intención de favorecer a la parte actora en los juicios tramitados ante la misma”, refiere la imputación fiscal.
En tanto que los actuarios Ricardo Cuevas y Martina Rivella, al elaborar sus respectivos informes dieron apariencia de una tramitación procesal ajustada a la ley, pero también se basaron en los informes de las notificaciones no diligenciadas por los ujieres, pero que fueron elaboradas simulando su realización.
De esta forma, los actuarios con sus intervenciones en el proceso y simulando la legalidad del mismo, colaboraron para que la jueza dicte resoluciones judiciales violatorias de la ley, teniendo pleno conocimiento de que las notificaciones no fueron practicadas, con lo que se violó el derecho a la defensa en juicio de los demandados, según la fiscalía.
Mafia de los pagarés: jueza denunció irregularidades en expediente
En la otra causa contra Analía Cibils se hace mención a que, en un expediente, la notificación de citación a reconocer firmas a la demandada no se habría practicado por parte de la ujier Audrey Galeano.
En tal sentido, se presume que la jueza Carmen Analía Cibils, a petición de la abogada demandante Thalia Benítez, dio trámite a la preparación de la acción disponiendo la notificación ordinaria, siendo que el domicilio denunciado era en Tucumán, Argentina.
Por su parte, la citada jueza se basó en un informe practicado por el ujier Audrey Galeano, de que supuestamente se diligenció la notificación. Luego, nuevamente a pedido de la abogada Thalia Benitez, Cibils dictó resolución judicial, previo informe del actuario Ricardo Cuevas, que declaró tener por reconocidas las firmas atribuidas a la deudora, estampadas en los pagarés.
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Estos hechos, fueron anoticiados a través del Oficio N° 199 del 23 de abril de 2025, firmado por la jueza de paz interina de la Encarnación, Susana Granado, quien comunicó la detección de una notificación con indicios de falsedad en el expediente “PH Sociedad Anonima c/ Andrea Balbuena Galeano, N° 6807/202”.
De esos hechos surgen, la orden de disponer la notificación ordinaria por parte de la jueza Analía Cibils, cuando que el domicilio consignado era en territorio argentino; y luego, la supuesta notificación practicada por la ujier Audrey Galeano en ese país.
Falsedades en cadena dieron pie a que se dicten 151 resoluciones irregulares
De acuerdo con los elementos reunidos por los fiscales investigadores, la jueza Nathalia Garcete habría tenido la colaboración activa de los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala, y Sung Young Bang, así como de la ujier Mariam Ortiz y los actuarios Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda, quienes habrían practicado actos procesales y diligencias con apariencia de legalidad para avanzar el proceso judicial.
En tal sentido, la jueza Nathalia Garcete dictó al menos 151 resoluciones violando la ley, con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no fueron diligenciadas realmente por la ujier, quien se limitaba a informar falsamente, siempre según la Fiscalía.
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Es así que, los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala y Sun Young Bang, se valieron a su vez de las cédulas de notificación con el informe del ujier sobre que las notificaciones fueron hechas, para solicitar al juzgado hacer efectivo el apercibimiento de tener por reconocidas las firmas en los pagarés.
Por su parte, la ujier Mariam Ortiz habría consignado falsamente en sus informes que las notificaciones fueron practicadas, lo que realmente no aconteció. Es así que los actuarios, Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda elaboraron informes para dar ropaje legal de una tramitación procesal ajustada a la ley, que tendrían certificación falsa sobre la notificación de la ujier.
De esta forma los actuarios judiciales, con sus intervenciones en los procesos y el fin de dar la apariencia de legalidad, habrían colaborado para que la jueza Nathalia Garcete dicte las 151 resoluciones violatorias de la ley, bajo pleno conocimiento de que las notificaciones no fueron practicadas.