Jorge Aquino, ciudadano y precandidato a concejal, anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría General de la República y la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, en contra de la administración municipal de Santa María, Misiones, encabezada por el intendente Ramón Sanabria (ANR-HC).
La medida responde a presuntas irregularidades en la adjudicación de seis obras públicas realizadas en el distrito, cuestionadas por presentar inconsistencias en el proceso de contratación.
Aquino explicó que la Municipalidad adjudicó dichos trabajos a Hugo Ruiz Obregón: dos corresponden al mantenimiento de plazas y cuatro fueron obras en instituciones educativas, que comprenden a reparaciones urgentes, construcción de sanitarios y refacción de bloques de aulas.
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Señaló además que estas adjudicaciones en escuelas se efectuaron bajo la modalidad de contratación por excepción.
“Él no es contratista ni constructor y no posee ninguna empresa propia; sin embargo, en los documentos oficiales se consigna que cuenta con una empresa de construcción. Al consultar su constancia de RUC, se registra como rubros la comercialización al por menor de materiales de construcción y las instalaciones de obra, pero no dispone de local, ni depósito de materiales, ni ningún tipo de infraestructura para desarrollar estas actividades”, agregó.
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Destacó además como un dato significativo que esta persona solo ha realizado trabajos para la Municipalidad de Santa María, y no mantiene contratos con otros municipios del departamento ni con la Gobernación.
“Solicitaré todos los informes necesarios, así como los comprobantes de compra y venta, para revisar sus movimientos económicos”, señaló.
Desmienten las acusaciones
Por su parte, el intendente Ramón Sanabria rechazó las denuncias formuladas a su administración y sostuvo que la denuncia responde a un trasfondo político. Menciono que Jorge Aquino es precandidato a concejal por el movimiento Colorado Añetete, por lo que cuestionó la veracidad de sus declaraciones.
Aseguró que las adjudicaciones de las obras cuestionadas cuentan con toda la documentación respaldatoria exigida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y aclaró que sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, no es posible formalizar ninguna contratación.
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“Si una empresa no cuenta con la documentación en regla ni con el rubro adecuado en su registro, no puede acceder a una adjudicación. Por lo tanto, quien pretenda denunciar irregularidades debe recurrir a los organismos competentes para demostrar sus afirmaciones”, expresó Sanabria.
Aseguró además que la persona adjudicada es un constructor con trayectoria en la ciudad de Santa María, y confirmó que las obras ya se están ejecutando, por lo que descartó que se trate de “obras fantasmas”. Finalmente, recordó que los municipios tienen facultad para realizar este tipo de contrataciones hasta un monto de G. 500 millones.