Para el miércoles 8 de julio, a las 10:00, se postergó el inicio del juicio oral al Gral. (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla, ex titular del extinto Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), y otros acusados de supuesto contrabando y otros hechos punibles, en el marco de la Operación Brillante.
La postergación del inicio del juicio oral, que estaba fijado para este miércoles 1 de julio, fue resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Ana Rodríguez y Adriana Planas, en atención a la ausencia injustificada de la Abg. Mariza Turcato, defensora del acusado Rafael Portillo (quien estaba en el puesto de Control de la extinta Detave en Itapúa).
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La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla Biscouto consideró acertada la decisión del colegiado de Sentencia, aunque la letrada no se presentó para el inicio del juzgamiento pese a haber sido notificada. A criterio de la agente fiscal es más conveniente realizar un solo juicio oral para todos los acusados.
Junto a Ramón Benítez, están acusados también de supuesto cohecho pasivo agravado (coima), contrabando y asociación criminal el policía Luis Carlos Prudhomme, Blas Roberto Cabañas, Óscar José Samudio Vargas, Porfirio Figueredo Vázquez, Carlos Alfredo Caballero Arrellaga y Nelson Dani Dielma.
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Entre los que serán enjuiciados por el presunto esquema de coimas para la liberación de productos de contrabando figuran además Alan Javier Núñez Colmán, Diego Eduardo González Aguilera, Fredi Rubén Gauto, Baldomero Barrios Martínez, Juan Carlos Samudio Legal, Hugo Mario González Ovelar, Saul Daniel Alarcón Moline y José Sebastián Burró Franco.
Supuesto esquema de coima y contrabando en Detave
El esquema de coimas fue denunciado el 19 de marzo de 2019 por Emilio Fúster, entonces jefe de la Coordinación Ejecutiva de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando. La Fiscalía inició luego una pesquisa con interceptaciones de llamadas telefónicas autorizadas judicialmente, entre el 21 de marzo y el 28 de abril de 2019.
De acuerdo con la acusación fiscal, los funcionarios públicos solicitaban sumas de dinero a cambio de permitir el ingreso clandestino de frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros productos a nuestro país, debiendo ser autoridad de represión para dichos delitos.
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En el marco de su teoría criminal el Ministerio Público destaca varios hechos llamativos, como por ejemplo que las coimas, que eran llamadas “expedientes, actas, informes y documentos” le llegaban Benítez en su propio domicilio particular, provenientes de todo el país.
“La estructura investigada estaba liderada por el Gral. (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla, quien recibía personalmente en su domicilio importantes sumas de dinero en efectivo y en diversas monedas por parte de Jefes de Puestos de Detave y particulares”, concluyeron los fiscales, según lo plasmado en el requerimiento conclusivo.
Acusación por presuntas coimas millonarias
Los datos recabados indican que las coimas se recibían semanalmente en la vivienda particular de Ramón Benítez, ubicada sobre la Avda. Madame Lynch en Asunción, sobre todo cuando se recuperó de una operación de rodilla, o en su oficina ubicada en el predio de Almacenes Generales de Depósito (Gical), en Mariano Roque Alonso. En la causa se solicitaron judicialmente intervenciones telefónicas, por lo que mucha evidencia está recolectada científicamente de los celulares de los involucrados.
La acusación fiscal describe por ejemplo una jornada de recaudación de Ramón Benítez, específicamente la del 5 de abril de 2018, que empezaba temprano, a las 09:14, con una llamada en la que ya advertía de sus sospechas de que era blanco de escuchas telefónicas, pero que aún así no le impidieron recibir millones en sobornos todo ese día.
Así como eran eficientes -no gratis, obviamente- para controlar el contrabando, eran implacables para perseguir oportunidades de recaudar, tal como lo evidencia justamente el caso conocido como “Brillante”, que refiere el ingreso de joyas por parte de una pareja a través de un vuelo proveniente de Panamá.
El cargamento de joyas evitó los controles aduaneros en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, presumiblemente también pagando un porcentaje, pero la estructura a cargo de Benítez -que no estaba incluida- también quería su tajada.