Siete jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal presentaron este viernes una acción de amparo constitucional contra la institución previsional, al denunciar reiterados retrasos en el pago de sus haberes. Los accionantes sostienen que la demora vulnera derechos fundamentales como la seguridad social, la alimentación y una vida digna.
La demanda fue promovida con el patrocinio del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), que argumenta que se trata de un sector especialmente protegido por la legislación nacional e internacional debido a su condición de adultos mayores.
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Defensa Pública denuncia una vulneración histórica
La acción cuenta con el respaldo del defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, y de la defensora adjunta en lo Laboral y Contencioso Administrativo, Nancy Amarilla Guirland. También integran el equipo jurídico los defensores públicos María de Lourdes Benítez de Almirón, Antonia Luz María Genez Sostoa, Rafael Antonio Leiva Falcon, Marie Carol Calderoli y Alba Mariela Giménez de Vera.
Según explicó la defensora adjunta Nancy Amarilla, la intervención del Ministerio de la Defensa Pública busca garantizar la protección efectiva de personas adultas mayores cuyos derechos estarían siendo afectados por los constantes atrasos en el cobro de sus jubilaciones.
La representante del MDP afirmó que la documentación reunida evidencia que los retrasos constituyen una problemática histórica que se arrastra desde hace varios años, afectando directamente derechos vinculados a la alimentación y a la seguridad social.
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Invocan garantías constitucionales y tratados internacionales
El escrito de amparo fundamenta el reclamo en disposiciones de la Constitución Nacional, tratados internacionales sobre derechos humanos y las Acordadas N.º 633/2010 y N.º 1024/2015 de la Corte Suprema de Justicia, que establecen mecanismos especiales de protección para personas adultas mayores y con discapacidad.
Los accionantes sostienen que la falta de pago oportuno priva de eficacia a una prestación de carácter alimentario obtenida tras años de aportes al sistema previsional, poniendo en riesgo la salud, la integridad y las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios.
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“Muchos compañeros ya tienen hambre”
La gravedad de la situación fue expuesta por Pedro Benítez Aldana, uno de los siete jubilados que impulsan la acción constitucional.
“Existen 2.510 compañeros jubilados municipales que sufren estos retrasos. Hay muchos compañeros que ya tienen hambre; no tienen para comer ni para comprar sus medicamentos básicos”, afirmó.
El jubilado también señaló que, en caso de no obtener una respuesta favorable en las instancias judiciales nacionales, los afectados analizarán recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso quedó a cargo de un juzgado de la Capital
Tras su presentación ante la Dirección General de Garantías Constitucionales, el expediente fue sorteado y quedó radicado en el Juzgado Civil del Quinto Turno de la Capital, Secretaría N.º 9.
La causa será tramitada por el juez Alfredo Barrios Jara, quien deberá resolver en los próximos días la admisibilidad del amparo y determinar si corresponde ordenar medidas para regularizar el pago de los haberes reclamados.
Los siete jubilados que promovieron la acción son Nury Elizabeth Irala Rivas, Rita Ramona Duarte Servián, Reinaldo Medina Méndez, Manuel Alberto Pujol González, César Ramón Vera Fariña, Ramón Agustín Chamorro y Pedro Benítez Aldana.