Un grupo de jubilados se concentró este jueves frente a la sede de la Caja Municipal de Jubilados y Pensionados, en Asunción, para exigir la regularización del pago de sus haberes. Los manifestantes denunciaron que la institución arrastra un retraso que hoy los mantiene prácticamente tres meses rezagados en sus ingresos.
Una de las manifestantes, de nombre Rita Duarte, calificó la situación como un atropello a sus derechos constitucionales. “Venimos amparados por la Constitución Nacional. Queremos calidad de vida y que se cuide nuestra jubilación. No venimos a pedir privilegios, son derechos adquiridos por los que aportamos durante nuestros años activos de trabajo. Es una prestación que no se nos puede negar”, reclamó con indignación.
Un desfase insostenible y “falta de humanidad”
Por su parte, Elizabeth Benítez Ríos detalló la cruda realidad financiera que atraviesan los beneficiarios. Explicó que, si bien las autoridades de la Caja alegan estar realizando los desembolsos, el desfase temporal es insostenible.
“Dicen ‘les pagamos’, pero resulta que ahora en julio nos pagaron el mes de abril. Estamos debiendo mayo, junio y ya falta una parte de julio. Siempre llegamos a los tres meses de atraso. ¿Quién vive dos o tres meses sin cobrar nada?”, cuestionó.

La mujer relató que muchos jubilados que perciben haberes de entre dos y tres millones de guaraníes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. “Hay gente en la indigencia total que no tiene para pagar absolutamente nada. Entre los propios jubilados de buen corazón nos organizamos para acercarles víveres”, lamentó, al tiempo de criticar la “falta de humanidad” de los directivos de la Caja, quienes “jamás se acercaron a preguntar si algún enfermo necesitaba ayuda”, denunció.
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Sin respuestas de la Superintendencia
Los manifestantes señalaron que la falta de cobro golpea con mayor dureza al sector salud. Al no contar con un seguro médico por parte de la Caja, los jubilados deben recurrir a hospitales públicos, donde la falta de medicamentos es una constante.
Asimismo, expresaron su profunda decepción con la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, institución de la cual esperaban una intervención rápida ante las irregularidades de la Caja.
“Teníamos tanta esperanza en la bendita Superintendencia, pero nos dicen que el proceso de reglamentación y el plan de acción va a durar un año y algo. Para cuando se decidan a intervenir, van a ser ya cuatro años de lucha”, criticó Benítez Ríos, calificando al órgano de ser una “Superintendencia teórica”.

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“Nosotros no necesitamos teoría, necesitamos práctica y una intervención para tener el respaldo de que una institución estatal está controlando los documentos”, se quejó, tras recordar que la Caja ni siquiera cuenta con auditorías externas actualizadas.
Al ser consultada sobre las explicaciones que reciben por parte de las autoridades de la Caja Municipal, la manifestante dijo que la respuesta es siempre la misma: la falta de transferencia de los municipios deudores.
“Nos responden que no tienen fondos porque los municipios no pagan. La única que está al día es la Municipalidad de Asunción y algunas aledañas que refinanciaron. A los funcionarios activos se les descuenta el aporte, pero ese dinero no llega. Ahora nos dicen que esperan los aportes de los contratados para resurgir, pero ¿creen que con contratados se va a poder solventar esta Caja si los municipios que deben desde hace años no pagan?”, cuestionó.
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