La jueza de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, Sandra Noelia Kirchhofer González, otorgó la libertad condicional a la abogada Patricia Noemí Rodríguez Ojeda, exesposa del enjuiciado Alberto Koube Ayala, y estableció el periodo de prueba por el término de la condena por el caso A Ultranza que se dará el 28 de septiembre de 2027 de acuerdo con el Auto Interlocutorio (AI) N° 314.
En tal sentido, dispuso la inmediata libertad de Patricia Rodríguez y para hacer efectivo el cumplimiento de la resolución, libró oficio al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), donde estaba cumpliendo su condena.
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Cabe recordar que Rodríguez había sido condenada a 5 años de encierro, por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, en octubre de 2024 a través de su Sentencia Definitiva (SD) N° 22, por el hecho punible de lavado de activos provenientes de la actividad del tráfico internacional de estupefacientes.
La magistrada Kirchhofer aceptó la asesoría de prueba de Edith Victorina Rodríguez Ojeda, además de establecer una fianza personal sobre la misma hasta cubrir la suma de G. 300.000.000. Dentro de este régimen también la jueza estableció una caución real por la suma de G. 300.000.000 que pueden ser cubiertos con dinero o bienes suficientes.
Exesposa de Alberto Koube deberá cumplir reglas o volverá a prisión
La jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer, además impuso reglas que deberá cumplir Patricia Rodríguez, en el marco de su libertad condicional, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento de cualquiera de los ítems, se le revocará la medida y volverá a prisión, fundado en los artículos 497 del Código Procesal Penal (CPP) y 299 del Código de Ejecución Penal (CEP).
Así, la magistrada estableció para Patricia Noemí Rodríguez Ojeda, las obligaciones de presentar su certificado de vida y residencia en forma semestral, y de residir en el domicilio que denunció ante el juzgado; así como la de presentar certificado de trabajo en el plazo de 30 días desde el dictamiento de la resolución judicial, luego de manera semestral.
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Rodríguez Ojeda está obligada también a “comparecer ante la secretaría del juzgado entre los primeros 10 días de manera bimestral a los efectos de firmar la planilla de comparecencia, habilitada para ello desde agosto de 2026”, y a “seguir tratamiento psicológico con profesional psicólogo de la dirección técnico forense, conforme necesidad y lo dispuesto por el profesional”.
Igualmente, la encausada deberá cumplir con otras obligaciones como la de donar por única vez la suma de G. 2.437.500 al Departamento de Búsqueda de Prófugos, dependiente de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo, de la Dirección General de Investigación, para la adquisición de equipos para realizar allanamientos.
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El juzgado de Ejecución también impuso la obligación de donar, cada 5 meses ante la Secretaría judicial, por el término de prueba, siendo la primera entrega en octubre de 2026 de una computadora con sus componentes –monitor, teclado y mouse- además de una impresora; y la realización de trabajo social, cada 15 días, los días sábados de 7:30 a 12:00 en el Hospital Psiquiátrico debiendo este remitir constancia de cumplimiento al juzgado.
Y por último, también prohibió a la condenada consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes, bajo control aleatorio, así como la de cometer otros hechos punibles y de permanecer en la vía pública entre las 23:00 y las 5:00.
Condenada en el caso A Ultranza obtuvo redención de 22 días
De acuerdo con los datos que se exponen en el AI N° 314, el 9 de enero del año 2025, a través del AI N° 21, el juzgado de Ejecución Penal recibió la causa relacionada a Patricia Rodríguez, y determinó el cómputo definitivo de la pena para la misma, la cual quedó fijada para el 19 de octubre de 2027.
Posteriormente, el 21 de julio de 2025, por AI N° 268, el juzgado de Ejecución Penal hizo a lugar a la redención ordinaria de la condenada Patricia Rodríguez por el total de 22 días. Con ello se estableció que Rodríguez compurgará totalmente su condena de 5 años el 28 de septiembre de 2027, quedando habilitada para solicitar su libertad condicional desde el 29 de marzo de 2026, tras completar la mitad de su pena el 29 de marzo de 2025.
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Así también se detalla que el 16 de septiembre de 2025, por AI N° 349, la jueza Sandra Kirchhofer promovió el periodo de prueba a Patricia Rodríguez y ordenó su traslado desde el Centro Penitenciario para Mujeres “Casa del Buen Pastor” al Hogar Semiabierto “Nueva Oportunidad”.
Ya el 23 de diciembre del año pasado, por el AI N° 498, la magistrada otorgó las de salidas transitorias a Patricia Rodríguez, bajo ciertas obligaciones y reglas de conducta; y por la vía del AI N° 116 del 30 de marzo de 2026, resolvió la jueza ampliar el beneficio de salida transitoria por el término de 6 meses a Rodríguez.
Esposa de procesado participó en lavado, según MP
El fiscal Deny Yoon Pak señala en su Acusación N° 5, que Patricia Rodríguez tuvo participación en la comisión del lavado de activos, que tiene como precedente el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, llevado a cabo entre 2020 y 2021 por una organización criminal iniciada en Paraguay, supuestamente liderada por el prófugo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La mencionada organización narcotraficante logró obtener, durante el tiempo de actividad, la suma aproximada de US$ 433.500.000. Para el manejo y administración de las ganancias, la estructura tenía en sus filas a personas dedicadas a la reinserición del capital obtenido al sistema legal financiero. Entre estas se encontraba Alberto Koube Ayala.
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En ese sentido Alberto Koube llegó a convertirse en el hombre de confianza del uruguayo prófugo Sebastián Marset. Es así que, con capital que le habría brindado el último, Koube integró la firma “Grupo Tapyracuai SA” y también, “ARE Inversiones SA”, para que estas sirvan al fin de asegurar el disfrute de los beneficios ilícitos de la megaorganización.
En este orden de cosas es donde se vincula a Patricia Rodríguez al esquema, pues en julio de 2020 junto con su esposo Alberto Koube, adquirieron la empresa “ARE Inversiones SA” y, por Asamblea Ordinaria N° 2/2020 del 24 de julio de ese año, ella fue asignada como directora titular, al tener 2 acciones por valor de G. 100.000.000 y como presidente, Alberto Koube, con 78 acciones por valor de G. 3.900.000.000.
Para el Ministerio Público, la compra de esta firma se llevó a cabo con las ganancias obtenidas por Sebastián Marset, en 2020 a través del envío de varios cargamentos de cocaína mediante la empresa Maxigrains y Artis, ambas del acusado Fernando Sebriano.
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Pareja movió dinero entre empresas que serían del grupo criminal
La Fiscalía también señala que Patricia Rodríguez obtuvo beneficios como joyas y dinero que recibió a través de transferencias bancarias, específicamente, en las cuentas habilitadas a nombre de las empresas “La Hortensia SA” y “Grupo Tapyracuai SA”. De hecho, Rodríguez fue titular y presidenta de la primera, poseyendo ella 900 acciones frente a las 100 que tenía Koube.
El fiscal acusó que ambas firmas fueron utilizadas para justificar la circulación del dinero narco en el sistema financiero legal, entre el 2019 y 2020. También enfatiza que entre ambas sociedades incluso se registraron transferencias, por G. 941.025.650 y US$ 168.336,24.
Ya cuando inició el megaoperativo internacional A Ultranza Py, el 22 de febrero de 2022, Patricia Rodríguez sacó mercaderías del depósito ubicado en San Estanislao (San Pedro), del “Grupo Tapyracuai SA”, para llevarlas a otro sitio del mismo distrito, el cual fue construido en junio de 2020, coincidente con el periodo de mayor actividad del grupo narcotraficante.
Para el órgano acusador, el hecho de mover las mercaderías de un lugar a otro tras ejecutarse el operativo es de gran relevancia, pues el alquiler por los depósitos fue pagado por Patricia Rodríguez a través de transferencia bancaria desde la cuenta habilitada a nombre de la firma “La Hortensia SA”.
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Acusada fue defensora de un Marset
El 19 de octubre del 2022 el Ministerio Público y la Senad allanaron la vivienda de Patricia Rodríguez, en la que fue detenida. También se hallaron seis cheques a nombre de José Ramiro Ugarriza Díaz Benza, así como un sobre de manila con US$ 1.100 y otros US$ 600, en una billetera de la acusada, quien utilizaba cuentas de Ugarriza para realizar depósitos de dinero.
En ese contexto, la acusada utilizó dichas cuentas para sus fines personales, en la forma en que se encuentra descripta en la acusación, y también se valió de la identidad de José Ugarriza, para alquilar el dúplex de su preferencia, en la que la acusada fue detenida, la fiscalía acusa que estos cheques provienen de la venta de mercaderías que se encontraban depositadas en el inmueble antes mencionado, que fue construido con la plata ilícita de Sebastián Marset y que fue removido por la acusada.
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En cuanto a José Ugarriza, la Fiscalía sostiene que este puso su identidad, sus bienes, su cuenta a nombre de Patricia Rodríguez, conforme lo descripto en la acusación. En ese sentido, enfatiza el acusador que Patricia Rodríguez utilizó la identidad de Ugarriza, y en consecuencia consideró que los objetos cuyo comiso se ordenó no son de él, sino de Rodríguez, que habría obrado de esta forma para asegurar el disfrute de los bienes.
También el marco de la investigación, el fiscal contó con el dato de Patricia Rodríguez, en su carácter de abogada, mantuvo vínculos con la familia de Sebastián Marset, específicamente su hermano e imputado en rebeldía Diego Nicolás Marset, quien el 8 de mayo de 2020, en la causa identificada N° 4417/2020, abierta en la Unidad Penal N° 6 de Luque, la acusada ejerció su defensa técnica.