Un 83% de los adolescentes entre 15 y 17 años que se encontraban en uniones tempranas en Paraguay durante 2025 eran mujeres, de acuerdo con las estimaciones de CDIA Observa basadas en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC 2025) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La cifra desnuda una realidad persistente de vulneración de derechos que afecta de manera desproporcionada a las menores en el país.
Los datos forman parte del Boletín Estadístico del Día Internacional de la Niña 2026, presentado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).
Desde la organización advierten que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) condicionan gravemente las oportunidades educativas, la autonomía y el desarrollo integral de las niñas y adolescentes.
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El informe señala que las encuestas de hogares podrían no reflejar la magnitud total de esta problemática. Muestra de ello es la disparidad con el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, que había registrado a 13.824 niños, niñas y adolescentes en uniones tempranas a partir de los 11 años, una cifra que duplica los cálculos de la EPHC de ese mismo año.
Ante este escenario, la CDIA reiteró la urgencia de derogar todas las excepciones legales que permiten contraer matrimonio antes de los 18 años, contempladas en la Ley N.º 5419/2015, cumpliendo además con los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo en el Examen Periódico Universal (EPU).
Violencia, pobreza y trabajo doméstico ilegal
Las uniones tempranas se entrelazan con un contexto más amplio de desigualdades estructurales:
- Abuso sexual: Cifras del Ministerio Público procesadas por la CDIA indican que al menos 2.804 niñas y adolescentes mujeres fueron reportadas como víctimas de abuso sexual en 2025, frente a 582 varones.
- Pobreza: El 25,4% de las niñas y adolescentes vivía en hogares por debajo de la línea de pobreza monetaria en 2025, trepando al 29,3% en zonas rurales.
- Trabajo infantil: A pesar de estar prohibido por la Ley N° 5407/2015 para menores de 18 años, unas 7.545 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años se encontraban ocupadas en el trabajo doméstico.
Para la CDIA, garantizar los derechos de la infancia exige políticas públicas integrales que incluyan la prevención de violencias, asignación presupuestaria suficiente, erradicación del criadazgo, espacios de participación real y la implementación de una educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica.