El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en sesión de hoy, salvó a la fiscala Mirna Isabel Rodríguez, con actuaciones en Coronel Oviedo, Yhú, Vaquería y San Joaquín, quien fue señalada por liberar a Jorge Ramón García Giménez, presunto soldado de Felipe Santiago Acosta Riveros, Macho, en enero de este año, ante la supuesta falta de elementos en su contra.
El órgano tomó conocimiento del caso el 5 de febrero de este año y finalmente el mismo se archivó, a propuesta del senador Mario Varela (ANR-Abdista), quien mocionó por no hacer uso de la facultad oficiosa del Jurado, establecida en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021, que da la potestad de iniciar de oficio una investigación preliminar o enjuiciamiento contra, en este caso, la fiscala.
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En consecuencia, Varela tendió la mano a la fiscala Mirna Isabel Rodríguez y propuso patear al archivo el referido caso. A esta moción se adhirieron sin objeción alguna el senador Pedro Díaz Verón (ANR-HC), los diputados Alejandro Aguilera (ANR-HC) y Diego Candia (ANR-HC), y el consejero Enrique Berni (ANR-HC).
Por otra parte, el ministro de la Corte y vicepresidente 2° del JEM, César Garay, mocionó por iniciar la investigación preliminar, teniendo en cuenta las presuntas irregularidades de la actuación fiscal que fueron puestas a conocimiento, a fin de contar con todos los elementos. A la propuesta solamente se sumó la titular del Jurado, Alicia Pucheta.
Causales para actuar de oficio ya no estaban vigentes para senador Varela
El JEM había tomado conocimiento del caso a través de una publicación del diario ABC Color, titulada: Fiscalía ordena la liberación de un presunto “soldado” de Macho.
El senador Mario Varela expuso que, sobre la determinación del hecho vinculado a Rodríguez, “supuestas irregularidades tras disponer la libertad de Jorge Ramón García Jiménez, quien habría sido aprehendido por la Policía debido a que se encontraba al mando de un vehículo con el chasis adulterado y denunciado como robado en Brasil y que además podría tener vínculos con una organización criminal de la zona”.
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Varela señaló que, Resolución fiscal N° 1/2026 del 6 de enero de 2026, la fiscala dispuso la libertad de Jorge Ramón García. La disposición se dio bajo los términos: “sin perjuicio que posteriormente sea ordenada nuevamente dicha medida si surgieran elementos que así lo ameriten”.
Añadió que, la misma fiscal Mirna Isabel Rodríguez “por acta de imputación y Requerimiento Fiscal N° 1/2026 del 7 de enero de 2026, imputó por reducción y producción de documentos no auténticos en calidad de autor, solicitando medidas alternativas a la prisión preventiva”, para Jorge García.
El 9 de enero de 2026, por AI N° 21, el juez penal de feria de Coronel Oviedo ordenó el arresto domiciliario de García y aceptó la caución personal de Gabriela Franco Solís, hasta cubrir la suma de G. 100.000.000.
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Posteriormente, el agente fiscal N° 2 Carlos Gustavo Chamorro acusó a Jorge García, sindicado por los tipos penales señalados y tras la audiencia preliminar, por AI N° 920 del 30 de septiembre de 2026, el juez penal de garantías del segundo turno de Coronel Oviedo resolvió suspender condicionalmente a prueba el procedimiento. Además, el magistrado impuso reglas de conducta y levantó las medidas cautelares decretadas sobre García.
Sin embargo, de las manifestaciones hechas en el descargo de la agente fiscal se desprende que: “No surgieron elementos objetivos que lo vincularan con narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, asociación criminal o actividades conexas”.
“De esta manera, los elementos indiciarios de la noticia resultan del suceder natural de la investigación penal que permitió el sometimiento del encausado al proceso mediante la actuación del Ministerio Público y la intervención jurisdiccional. Por estos motivos, los elementos de gravedad, notoriedad e interés público a la fecha no se encuentran latentes”, así votó el senador Mario Varela.
Ministro propuso al JEM indagar actuaciones de fiscala que liberó a soldado de Macho
Al momento de su intervención, el ministro de la Corte César Garay recordó que según la publicación periodística, “la agente fiscal ordenó la libertad de Jorge Ramón García Jiménez, quien fue aprehendido por la Policía debido a que ‘se encontraba al mando de una camioneta Toyota Hilux blanca, que tenía el chasis adulterado y que fue denunciado como robado en Brasil’”.
Añadió que, “según fuentes policiales: ‘sería un soldado de alias Macho y trabaja directamente para Nilson David Mailín Haedo, alias Capibara, sindicado como el gerente del delincuente más buscado del país y del norte”.
Posteriormente, Garay expuso lo actuado en el marco de la causa penal contra Jorge García que estuvo a cargo de la fiscala Mirna Isabel Rodríguez, señalando que al momento de la audiencia preliminar “el acusado admitió los hechos para acogerse al beneficio de esa salida procesal”, en referencia a la suspensión condicional del procedimiento.
Sin embargo, Garay también hizo especial énfasis en lo que se encontró en el vehículo dentro del cual estaba Jorge García al momento de su detención. Mediante “el peritaje realizado al vehículo siniestrado concluyó: no se constatan vestigios de adulteración alguna en los dígitos alfanuméricos del chasis. Sin embargo, se constató que se trata de una chapa apócrifa”.
También mencionó la Resolución Fiscal N° 11 del 20 de enero del 2026, mediante la cual el fiscal Carlos Chamorro devolvió el vehículo Toyota Hilux blanco, al representante legal de la firma brasileña “Costa Oeste Sistema de Servicios Limitada”.
Para Garay, esta parte de la conducta fiscal “cumple con las características, gravedad y afectaciones a intereses públicos o sociales, considerando que la labor fiscal como representante de la sociedad ante estamentos jurisdiccionales debe requerir medidas necesarias si se viera afectado el sometimiento del aprehendido al proceso penal”.
“Máxime cuando se ha verificado delito transnacional, como en el caso, en razón a que el vehículo fue robado en la República Federativa del Brasil, utilizado en territorio paraguayo y luego del proceso penal devuelto a la firma propietaria del vecino país”, entendió el ministro de la Corte Suprema de Justicia.
A lo ya dicho, César Garay manifestó “es sabido que las redes dedicadas a ese negocio ilícito utilizan ganancias del tráfico de vehículos para financiar otros delitos transnacionales cada vez más graves y sensibles”, por lo que a su consideración “corresponde iniciar de oficio la investigación preliminar para el formal escudriñamiento de lo ocurrido”.