El senador Ramón Retamozo (ANR, Independiente) se resignó tras atornillarse a la Mesa Directiva del Senado y aceptó la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía conceder un “aumentazo” salarial para su hija, quien siendo funcionaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pretendía acceder a una dirección general.
Los camaristas Cristóbal Sánchez Díaz y Agustín Lovera Cañete fueron acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por supuesto mal desempeño de funciones, tras haber anulado la resolución que elevó a juicio oral la causa que afronta la exjueza Tania Irún, por presunto prevaricato. El accionante argumentó que los magistrados analizaron el fondo de la cuestión.
La directora de Asuntos Legales del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Abg. Amy Lezcano, fue denunciada por presunto tráfico de influencias para intentar despojar de un inmueble ubicado en Mariano Roque Alonso, perteneciente al Abg. Pedro Lobo. Según el denunciante, la funcionaria forma parte de un esquema que se heredó del exsenador colorado Óscar González Daher (fallecido en 2021).
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) emitió un informe a la Cámara de Diputados sobre el caso de Aldo Cantero, luego de que se filtraran supuestos chats entre el agente y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y cuya moción se realizó en marzo de este año, pero que según respondió el propio secretario jurídico del Jurado no se formó expediente alguno hasta la fecha.
Un nuevo revés sufrió la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, conocida como comisión “garrote”, en su intención de vincular al Banco Atlas con supuestos ilícitos. Esta vez la Procuraduría General aclaró que no han tomado intervención en procesos judiciales que guarden relación con la estancia Cielo Azul.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ingresó el caso sobre los pedidos de desestimación de los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, de la causa relacionada a un presunto perjuicio de G. 1.630.414.082.023 al Instituto de Previsión Social (IPS). El 13 de diciembre analizará si actúa o no de oficio para iniciar una investigación preliminar o un enjuiciamiento.