El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en forma unánime durante la sesión del 8 de octubre, resolvieron iniciar de oficio un enjuiciamiento por la presunta comisión de hecho punible contra el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Nelson Antolín Mercado Portillo, por un supuesto pedido de coima de US$ 30.000.
La moción por iniciar el enjuiciamiento al juez, sin que haya investigación penal, provino del ministro de la Corte y vicepresidente 1° del órgano, Manuel Ramírez Candia. Su voto tuvo el acompañamiento del ministro de la Corte y vicepresidente 2° César Garay, los senadores Pedro Díaz Verón y Mario Varela, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, y la titular del órgano Dra. Alicia Pucheta.
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Sin embargo, en la sesión de hoy, durante el tratamiento del acta de la sesión anterior, el diputado Alejandro Aguilera solicitó la palabra. Esto con razón de exponer un análisis que no lo hizo el día que se dio tratamiento al caso y rectificar el voto emitido 8 días atrás, acompañando el enjuiciamiento.
Hoy, el voto de Aguilera por dejar sin efecto la actuación oficiosa del JEM y por ende, dejar sin efecto el enjuiciamiento al magistrado Nelson Mercado, queda como que no se haya dado, que no existió. Esto porque tuvo el acompañamiento de los mismos miembros que hace apenas 8 días habían votado por procesarlo.
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En ese sentido, los senadores Mario Varela y Pedro Días Verón, el diputado Diego Candia, así como el vicepresidente 2° y ministro de la Corte César Garay y la propia titular del JEM Alicia Pucheta, también rectificaron sus votos, dando la apariencia de que esta vez sí se analizó el caso.
Finalmente se dejó sin efecto la facultad oficiosa del órgano, por votos en mayoría pues el ministro Manuel Ramírez Candia, estuvo ausente hoy, y se tuvo en cuenta que él votó por enjuiciar a Mercado y pedir su suspensión en el cargo a la Corte.
JEM actuó de oficio sin estar habilitado, según diputado
El diputado Alejandro Darío Aguilera Elizaur (ANR-HC) intervino al momento del inicio de la sesión para rectificar su voto de la sesión anterior, que fue en el sentido de apoyar el enjuiciamiento de oficio, con suspensión a las resultas del proceso penal, y pedido de suspensión al juez Nelson Romero.
Aguilera esta vez analizó el caso relacionado al magistrado Romero e invocó el artículo 13 de la Ley N° 6814/2021 que regula los procedimientos del JEM.
Dicho órgano legal habilita al Jurado de actuar de manera oficiosa por la comisión de hechos punibles. Aguilera expuso que “la utilización de dicha potestad está supeditada a la existencia de un proceso penal sobre la conducta de un juez, como requisito sin el cual el Jurado no podrá estar habilitado a iniciar proceso alguno en dichos términos”.
“La propia redacción de la norma prevé que el procedimiento quedará suspendido hasta tanto se dicte resolución que ponga fin al procedimiento en el fuero penal”, refirió Aguilera.
Aguilera agregó que ese presupuesto conlleva a realizar un análisis en cuanto a que “sin la existencia del mismo –por el proceso en lo penal- no se podría ejercer acción oficiosa alguna por dicha causal debido a que no se podría suspender el enjuiciamiento a las resultas de un proceso penal inexistente”, teniendo en cuenta que la Fiscalía aún no inició una investigación por el presunto pedido de coima hecho por el juez.
Así, mediante el voto Aguilera también se dispuso que los antecedentes del caso relacionados al juez Mercado se remitan al Ministerio Público para iniciar una investigación.
“Sospecha más que razonable”, dice Ramírez sobre supuesto pedido de coima
Al momento de fundamentar su voto, Manuel Ramírez Candia refirió que “en el teléfono de la abogada se constata la existencia de un mensaje que corrobora que el magistrado pidió US$ 30.000 y que ya se le entregó US$ 15.000”.
“El hecho referido genera la sospecha más que razonable, además con una prueba que tiene que ser objeto de pericia, dentro del marco de la investigación, corrobora o genera la sospecha razonable de la comisión del hecho punible de cohecho, que debe ser por supuesto investigado por el Ministerio Público”, sostuvo Ramírez Candia.
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“Este Jurado puede con estos elementos que constan en la información divulgada, con la prueba aportada, puede iniciar este enjuiciamiento por el hecho punible, claro, y remitir a la Fiscalía para que, proceda a la investigación pertinente. Es más, me imagino que ya la fiscalía habrá iniciado hace bastante tiempo, pero si no lo hace, para que lo haga”, instó el vicepresidente 1° del JEM y ministro de la Corte.
Por otra parte, Manuel Ramírez Candia comentó que “en virtud de lo que dispone el artículo 13 (de la Ley N° 6814/2021), el jurado tiene la competencia para iniciar el enjuiciamiento por la comisión del hecho punible”.
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A su voto se adhirieron el ministro de la Corte y vicepresidente 2° César Garay, los senadores Pedro Díaz Verón y Mario Varela, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, y la titular del órgano Dra. Alicia Pucheta.
Presunto contubernio entre juez enjuiciado y abogada acusada por supuesta estafa
Entre los años 2017 y 2024, en los que se llevaron a cabo actividades engañosas a la familia Friessen, de la Colonia Río Verde de San Pedro, con la falsa promesa de la compra de 8.000 hectáreas en la zona del Chaco Paraguayo. Los hermanos Herman y Bernardo Friessen llevaron a cabo pagos que totalizaron la suma de US$ 1.600.000, pero nunca recibieron las tierras.
Luego de la denuncia penal hecha por la familia Friessen, se inició una investigación que permitió llegar hasta José Francisco Ljubetic Arrélaga, la abogada Ilsa Marisela Paredes y Willian Roberto Bogarín Campuzano, este último se desempeñó como funcionario informático del Congreso Nacional.
Por el caso de estafa a la familia Friessen, ya fueron acusados los referidos anteriormente y solo falta la realización de la audiencia preliminar, prevista para este mes de octubre.
En el marco de la investigación por el caso de millonaria estafa a los colonos menonitas, se incautaron los teléfonos de los imputados. Específicamente del celular de la abogada Isla Paredes se extrajeron los chats, entre los cuales se constató un chat con el juez Nelson Mercado.
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Dicha conversación tuvo especial relevancia pues revela un presunto contubernio entre ambos, teniendo en cuenta que la abogada Paredes inició el juicio sucesorio de la familia Friessen y en el juzgado a cargo de Nelson Mercado se tramita la regulación de honorarios de Ilsa Paredes, por ese acto judicial.
Dentro de la misma conversación se constató además que el magistrado Nelson Mercado le había solicitado una suma de US$ 30.000, a lo que la abogada Ilsa Paredes le había contestado que ya le entregó un cheque por US$ 15.000, “para ver cómo cambiar”. Este chats no habría sido con relación a un juicio determinado sino a fin de que el juez emita un fallo a su favor para la regulación de sus honorarios.