En alerta ante posible plan de ataque del EPP

La Fuerza de Tarea Conjunta garantizó que se tomaron “previsiones especiales” para evitar o contrarrestar un eventual ataque del EPP, que amenazó y emplazó a los propietarios de la estancia “La Gringa”, en Azotey.

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El teniente coronel Víctor Urdapilleta, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), confirmó que se accionó ya desde el inicio de los ataques y las amenazas por parte del EPP contra la familia Domínguez, hace algunas semanas. Comentó que ya se contactó a los afectados para coordinar las medidas preventivas, aunque -por obvias razones- evitó entrar en detalles.

“Tomamos ciertas previsiones especiales y estamos en contacto con los dueños de la estancia 'La Gringa'; no podemos dar detalles pero estamos atentos a lo que pudiera ocurrir”, sostuvo. El vocero del grupo de combate al EPP valoró la actitud de la familia Domínguez, que ya adelantó que no cumplirá la exigencia de secuestradores que emplazó hasta hoy a las víctimas a entregar víveres por valor de US$ 300.000, además de 60 cabezas de ganado.

Urdapilleta señaló que la ciudadanía no puede ceder ante posturas extorsivas de criminales que intentan manejar un sector del país mediante el terror. “No podemos permitirnos ser manejados por un grupo criminal, que lo único que busca es el beneficio propio”, reafirmó. El uniformado insistió en que “sugerimos no acceder a la extorsión” y recalcó que ni siquiera el mismo grupo respeta los supuestos ideales que dice perseguir. “Hasta el momento, ni ellos mismos hacen honor a las reivindicaciones”, manifestó en contacto con radio Cardinal.

El 25 de enero pasado, el grupo autodenominado EPP atacó la estancia “La Gringa” y posteriormente dejó una nota en que exigía repartir víveres a barrios carenciados a modo de “cortesía” de la banda de asesinos y secuestradores. Pese a que la Fuerza de Tarea Conjunta dijo movilizarse inmediatamente en busca de los malvivientes, el 30 de enero pasado, cinco días después del primer atentado, los delincuentes volvieron a ingresar a la propiedad, en las narices de los agentes que decían custodiar el perímetro. En la ocasión, el grupo reafirmó la extorsión a la familia y recordó el “plazo” para pagar la “multa”.

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