En un análisis para ABC Negocios, el abogado y analista jurídico Ygnacio Sánchez, señala que “este logro posiciona a Paraguay entre las economías más estables y confiables de América Latina, consolidando su credibilidad macroeconómica ante los mercados internacionales”. Subraya además que no se trata de un dato técnico menor, sino de un cambio de categoría en la percepción de riesgo del país: “Alcanzar el segundo grado de inversión significa que Paraguay deja de ser percibido como una economía emergente de riesgo medio para pasar a integrar el grupo de países con menor riesgo crediticio, mayor previsibilidad fiscal y mayor atractivo para inversiones de largo plazo”.
Desde esa perspectiva, el reconocimiento funciona como una señal clara para los grandes jugadores financieros globales. Tal como plantea el propio Sánchez, “es una señal contundente para fondos institucionales, bancos internacionales y grandes inversores que, por mandato, solo operan en países con este nivel de calificación”.
El especialista vincula este resultado con un proceso acumulado de política económica sostenida en el tiempo. En su análisis afirma que “este reconocimiento es el resultado de años de disciplina fiscal, estabilidad monetaria y políticas macroeconómicas prudentes”, y que ese recorrido permite que “Paraguay llegue al 2026 con una base económica sólida, una ventaja comparativa clara dentro de la región y una oportunidad histórica para acelerar su desarrollo”.
No obstante, su evaluación no es complaciente. Advierte que el logro macroeconómico no garantiza por sí solo un sendero de desarrollo estable si no se acompaña de avances institucionales. En ese sentido, introduce un contraste central: “Sin embargo, la experiencia demuestra que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no es suficiente”.
Desde el plano jurídico, describe que el 2025 fue “un año de contrastes”, marcado por “procesos judiciales prolongados, conflictos societarios de alto impacto, uso intensivo de medidas cautelares y una creciente judicialización de disputas económicas”, elementos que, a su juicio, “pusieron en evidencia que la seguridad jurídica sigue siendo el principal desafío estructural del país”.
Sánchez pone el foco en cómo evalúan realmente los inversores un entorno económico. Más allá de los indicadores macro, destaca que “los inversores no solo observan cifras”, sino que “analizan cómo se respetan los contratos, cuánto duran los procesos, qué tan previsibles son las decisiones judiciales y si el derecho se aplica con independencia técnica y coherencia institucional”.
Por eso, plantea que el fortalecimiento de la seguridad jurídica debe ocupar un lugar prioritario en la agenda 2026. No como una consigna discursiva, sino como una condición estructural: “Fortalecer la seguridad jurídica es imprescindible para el 2026; no como consigna política ni como discurso para foros internacionales, sino como condición básica para sostener el grado de inversión alcanzado y transformarlo en desarrollo real”.
En esa línea, proyecta que el próximo año debería marcar un cambio de etapa: “El 2026 debe marcar el paso de la estabilidad económica a la madurez institucional, consolidando un sistema jurídico previsible, profesional y confiable, que brinde certeza tanto al inversor extranjero como al ciudadano paraguayo”. Y resume el sentido de ese proceso con una definición que atraviesa toda su óptica: “La seguridad jurídica no protege intereses particulares: protege al país. Paraguay ya dio un salto histórico en materia económica ¡Ahora le toca al derecho estar a la altura!”.